El pasado martes 28 de junio del 2022, hace casi tres años exactos, al menos 65 inmigrantes indocumentados, entre ellos nueve niños y dos mujeres embarazadas, viajaron en un remolque sin ventilación para cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos, con el objetivo de llegar a la ciudad de San Antonio, en el sur de Texas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la agencia del gobierno estadounidense responsable de la aplicación de las leyes en el país, el aire acondicionado del camión no funcionaba correctamente y la temperatura en el interior se disparó durante el trayecto hacia el norte, desde la ciudad de Acuña, en Coahuila.

Al final del viaje hasta el condado de Béxar, 48 de los inmigrantes indocumentados, incluida una mujer embarazada, murieron por hipoxia cerebral. Dadas las circunstancias, los otros 17 migrantes fueron trasladados a diversos hospitales cercanos, pero cinco también fallecieron, por lo que solo once extranjeros lograron sobrevivir.

Ante esta situación, dos ciudadanos mexicanos fueron declarados culpables de estar implicados directamente en la muerte de 53 inmigrantes de Guatemala, El Salvador, México y Honduras, quienes viajaban unos sobre otros en el remolque de un camión, por lo que ambos pasarán el resto de sus vidas en una prisión de los Estados Unidos.

“Coyotes” pasarán el resto de su vida en la prisión de EE. UU.

Según el departamento ejecutivo federal responsable de la administración de justicia en Estados Unidos, el mexicano Felipe Orduña Torres, de 30 años, también conocido como “El Cholito Negro”, fue condenado por liderar la red que se encargaba de transportar inmigrantes en situación irregular en el interior de la nación norteamericana.

El juez del distrito oeste de Texas, Orlando García, condenó a Orduña Torres este viernes 27 de junio a cadena perpetua y al pago de una multa de US$300 mil (Q2 millones 306 mil). En tanto, el mexicano de 55 años, Armando González Ortega, apodado “El Don Gon”, fue condenado a 83 años de prisión por la muerte de los 53 inmigrantes.

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“Estos criminales pasarán el resto de sus vidas en prisión debido a su cruel decisión de lucrarse con el sufrimiento humano. Las sentencias son un mensaje contundente para los traficantes de personas de todo el mundo: no descansaremos hasta que estén tras las rejas”, declaró la fiscal general Pamela Bondi mediante un comunicado oficial.

Conforme a lo expuesto por la política republicana, en los días previos al 28 de junio del 2022, varios de los implicados en la muerte de los extranjeros intercambiaron los nombres de los inmigrantes que iban a entrar a los Estados Unidos, considerando que cada persona debía pagar a los organizadores un total de US$15 mil (Q115 mil 311).

Asimismo, otro presunto miembro de la misma red de tráfico de personas, el guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco, de 48 años, fue extraditado a Estados Unidos desde la Ciudad de Guatemala en diciembre de 2024, y su juicio está previsto para septiembre, por lo que posiblemente también sea condenado a cadena perpetua.

Por su parte, la actual fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que otros cinco “coyotes”, como se les conoce a las personas que, a cambio de dinero, contrabandean a los inmigrantes indocumentados a través de las fronteras, se han declarado culpables en este caso y conocerán sus sentencias en noviembre del 2025.