Ciudad de Guatemala, 16 abr. (AGN).- El ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) Oscar Cordón anunció la ampliación de la denuncia del contrato irregular de las vacunas Sputnik V. Esta medida busca un seguimiento exhaustivo del caso y una investigación más profunda de las irregularidades presentadas.

El pasado 4 de abril, en las instalaciones de la Torre de Tribunales, el Gobierno de Guatemala presentó una denuncia por las anomalías detectadas en la adquisición de vacunas contra el COVID-19, específicamente las Sputnik V. Entre las principales causas de la denuncia se destaca el contrato firmado entre el Gobierno guatemalteco y Rusia el 30 de marzo de 2021, el cual establecía la compra de 16 millones de dosis de la mencionada vacuna.

Por instrucciones del presidente @BArevalodeLeon, la@PGNguatemala y el @MinSaludGuate han presentado una denuncia contra Amelia Flores, ex ministra de salud del Gobierno de Alejandro Giammattei, por firmar un contrato de vacunas perjudicial para Guatemala, que además no cumplía… pic.twitter.com/gIbURirdrC

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) April 4, 2024

La firma del contrato por parte de la exministra de Salud, Amelia Flores, con la empresa Human Vaccine, subsidiaria del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), representó una de las irregularidades detectadas. Se señala que las vacunas debían adquirirse directamente del fabricante; sin embargo, la transacción se hizo a través de un intermediario. Además, no se pudo verificar quién firmó en representación de la empresa Human Vaccine, generando dudas sobre la legitimidad del contrato.

Proceso de pago y monto involucrado

El Ministerio de Salud inició el proceso de pago correspondiente al 50 % del monto total de la compra, equivalente a 614.5 millones de quetzales, el 5 de abril de 2021. La adquisición total de la vacuna Sputnik V ascendía a más de 79 millones de dólares. A pesar del desembolso realizado, la entrega de las dosis fue más lenta de lo esperado, lo que generó críticas y la necesidad de renegociar el contrato.

Asimismo, se señalan varios aspectos legales cuestionables en el contrato, entre ellos, la firma de este en idioma inglés. Según la Ley del Organismo Judicial, el idioma oficial de Guatemala es el español, lo que podría invalidar el contrato al no estar redactado en el idioma oficial del país.

Además, se destaca que el contrato estableció una indemnización límite de tan solo 100 mil dólares, lo cual, según expertos, podría ser considerado como una liquidación previa de daños y perjuicios, acción que se considera ilegal en derecho internacional.

Ante la gravedad de las irregularidades detectadas en el contrato de las vacunas Sputnik V, el ministro de Salud anunció una ampliación de la denuncia para continuar con las investigaciones correspondientes. Se espera que este seguimiento permita esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias para garantizar la transparencia en las futuras adquisiciones de vacunas por parte del Gobierno guatemalteco.

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