En mi columna de la semana pasada, reproduje información inexacta sobre el canciller Carlos Ramiro Martínez, en la cual se decía que se prestó a la salida de la Cicig y que boicoteó la elección del presidente Bernardo Arévalo, por lo que habría sido cuestionado en la OEA. He investigado y me doy cuenta de que eso no es cierto.

Rectifico: El entonces presidente Jimmy Morales declaró persona non grata a Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, y ordenó su expulsión del país, el 27 de agosto de 2017. Frente a esa situación, el canciller Carlos Raúl Morales y el vicecanciller Carlos Ramiro Martínez se negaron a firmar esa orden porque consideraron que era una violación al debido proceso institucional y legal. Según medios periodísticos, el mandatario destituyó a ambos funcionarios y nombró a Sandra Jovel como canciller, quien sí se plegó a sus directrices ilegales.

Martínez fue vicecanciller durante el gobierno de Alejandro Giammattei de 2020 a 2022 y luego fue nombrado embajador en Italia. Por tal razón, es imposible que haya representado a Guatemala en la OEA en 2023 e intentara boicotear la toma de posesión de Arévalo. Asumo mi error y me retracto.

Por ello, le ofrezco mis sinceras disculpas al canciller Carlos Ramiro Martínez porque la información que publiqué es incorrecta. Al contrario, él demostró en 2017 ser una persona íntegra que no se plegó a las disposiciones ilícitas del expresidente Morales contra la Cicig e Iván Velásquez.

Los vínculos de la UNE con el Barrio 18

Fuerte indignación ha causado que una jueza y los representantes de dos instituciones supuestamente humanitarias favorecieran al crimen organizado. La jueza Lisbeth Mireya Batún ordenó el traslado del pandillero Aldo Duppie Ochoa, alias El Lobo, de la prisión de máxima seguridad Renovación 1 a Fraijanes II. Ese fallo hacía añicos los esfuerzos del Ministerio de Gobernación de aislar a los jefes de las maras que cometen crímenes contra la población indefensa.

Esa resolución fue posible porque la Procuraduría de Derechos Humanos, dirigida por Alejandro Córdova, y la Oficina contra la Tortura elaboraron informes vergonzosos sobre que el líder del Barrio 18 recibe “un trato cruel y degradante” en la cárcel. El objetivo es que el Lobo regrese a Fraijanes donde puede seguir coordinando crímenes. Lo contradictorio es que ahora salgan en defensa de un delincuente, mientras han guardado silencio sobre los malos tratos que han sufrido fiscales, jueces, periodistas y dirigentes indígenas, víctimas de la dictadura judicial y Consuelo Porras.

No se puede obviar que ese jefe pandillero es esposo de María Marta Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres, líder de la UNE. Existen vasos comunicantes entre ese partido y el Barrio 18. Por ejemplo, Bryan Morales, subdelegado de la Oficina contra la Tortura que favoreció al Lobo fue financista de la UNE y candidato a alcalde de Pueblo Nuevo Viñas. Asimismo, se sabe que ese partido ha colocado en la PDH a personal influyente en áreas de procuraduría adjunta, dirección de recursos humanos y de procuración. No es extraño, entonces, que la diputada Nadia de León —hija de Sandra Torres— haya propuesto el punto resolutivo para instar al Ejecutivo a declarer grupos terroristas a las maras. Bien se podría entender que es una forma de lavarse la cara por los vínculos de esa familia con el jefe pandillero.

El procurador Córdova y los relatores de la Oficina contra la Tortura han hecho un papel abyecto al proteger a un criminal, que purga una condena de 191 años por el asesinato de 11 pilotos de buses, además de enfrentar procesos por otros asesinatos, femicidios y asociación ilícita. Por eso, es impostergable que el Legislativo los destituya por atentar contra la vida y seguridad de los guatemaltecos.