Grave situación la del Ministerio de Desarrollo Social, donde el Ministro informó sobre los 50 millones de quetzales que se tendrá que usar para el pago de reinstalaciones de empleados ordenadas por juzgados de trabajo, lo cual significa no solo una gran erogación de fondos sino la condena a que en esa cartera se mantengan en sus puestos todos, al margen de su dedicación o de su honestidad. Además de las reinstalaciones, también informó que tiene dos emplazamientos sindicales que no le facultan a realizar despidos de personal bajo ninguna circunstancia.

Con razón dijo el Ministro Pinto que resulta difícil explicarle a la población por qué no pueden remover a quienes vienen del gobierno anterior, caracterizado 100 por ciento por su corrupción y mal uso de los fondos públicos que sirvieron para el enriquecimiento no solo de la pareja sentimental que gobernó, sino de muchos que, en puestos menores, también participaban del festín. De hecho se sabe que en muchas dependencias los empleados tienen que llenar cuotas que les imponen sus jefes, quienes a su vez también están obligados a repartir ganancias con sus superiores, hasta llegar a la cabeza de los gobiernos.

Y esta realidad deja la puerta a quienes quieran hacer las cosas mal. Es el típico ejemplo que los incentivos están alineados de manera perversa y por eso debemos entender las cosas en su justa dimensión y tener noción de quienes querrán enderezar el barco y quienes se sumarán a una fiesta interminable.

Combatir la corrupción demanda, por fuerza, hacer una limpieza a fondo de todas las instituciones para que vuelvan a cumplir con sus obligaciones y fines de servicio a la población. Eso los sabemos todos y lo demanda la ciudadanía, pero resulta que no solo los sindicatos que pululan en el sector público sino los mismos tribunales hacen imposible que esa aspiración legítima, para limpiar el aparato del Estado, pueda concretarse. Los sindicatos del Estado tienen finalidad distinta a la que inspiró mundialmente ese tipo de organización que era la de proteger a los trabajadores de abusos e injusticias, pero nunca para apañar mañoserías ni hacer pactos para proteger a jefes corruptos.

El resultado de esa perversa combinación de juzgados y sindicatos, alineados para proteger a quienes velan por sus propios intereses y no por los intereses de la población, es en realidad un valladar adicional no se tomó en cuenta cuando, al fin de las quinientas, muchos se decidieron a manifestar su hartazgo ante el saqueo de la cosa pública.

Dentro de las reglas de juego que impusieron quienes con mucha habilidad y astucia supieron concretar la absoluta cooptación del Estado, incluyendo el sistema de justicia, la misión se vuelve imposible y por ello es que cada vez se hace más importante que los ciudadanos entendamos que hace falta más que nuestro voto para salir del atolladero. Pero sobre todo se requiere que las autoridades actuales entiendan que necesitan convocar a toda la gente decente para estructurar un frente capaz de romper con esa tremenda rosca.

Y uno de esos puntos de esa convocatoria debe ser la reforma de todo el sistema civil de Guatemala y aquí, serán pocos los que se opongan porque desean mantener el Estado como un botín.