Un informe de la organizaciónImpunity Watch, publicado este miércoles 25 de febrero, advierte deficiencias en la tabla de gradación que se aprobó para evaluar los perfiles de los aspirantes a candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con la organización, con sede en los Países Bajos, los criterios de ponderación de los expedientes son inconstitucionales y “se excluye prácticamente a los candidatos más jóvenes”, al establecer que a partir del año 11 se otorgarán 2 puntos adicionales por cada año.

“Esto deja fuera la evaluación de los primeros 10 años de ejercicio profesional”, advierte el informe, señalando que se está anulando un criterio fundamental que está consignado en la propia Constitución Política de la República, como requisito fundamental para ocupar el cargo de fiscal general.

“Aunque la experiencia profesional es un criterio legítimo, el diseño adoptado en la tabal de gradación genera una ventaja desproporcionada basada en la antigüedad del aspirante”, señala Impunity Watch; advierte, además, que no se está considerando la calidad del ejercicio profesional de los abogados aspirantes.

Según Impunity Watch, evaluar a los aspirantes a fiscal general con esta tabla de gradación “constituye una discriminación por razón de edad”, ya que el hecho de asignar una puntuación mayor, a partir de 11 años “representa una preferencia injustificable para personas de mayor edad.

Con este criterio, continúa el informe, “se favorece a candidatos con 35 o más años de ejercicio profesional, como la fiscal general Consuelo Porras o el exdiputado Fernando Linares Beltranena, con más de 40 años de ejercicio profesional“ pero que son fuertemente cuestionados por su parcialidad y falta de ética”.

El informe de Impunity Watch recomienda a la comisión de postulación, presidida por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, que se revise de nuevo la tabla de gradación y se realicen los ajustes para incluir los 10 años de experiencia profesional como criterio de evaluación.

También recomienda que la comisión investigue la ética y honorabilidad a través de las objeciones que se conozcan en esa instancia; así también se tomen en cuenta las sanciones internacionales y nacionales que se han impuesto a algunos de los aspirantes al puesto de jefe del MP.

El informe también advierte que, de los 59 aspirantes al cargo de fiscal general, solo 15 sin mujeres, por lo que se debe evaluar los criterios de inclusión de mujeres y profesionales indígenas.

“La falta de instrumentos de evaluación representa una grave violación a las obligaciones internacionales de garantizar procesos objetivos para evaluar capacidad, idoneidad y honorabilidad”, cita el informe.

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