Al cierre de su segunda visita oficial al país, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala, emitió un informe preliminar en el que brinda varias alertas sobre la integridad de los procesos de designación de las máximas autoridades de justicia y electorales, que se estarán llevando a cabo en los próximos meses por medio de los procesos de elección de segundo grado.

Luego de una semana de reuniones con actores de los tres poderes del Estado, sociedad civil y sectores empresariales, la Misión de la OEA, que estuvo presente del 16 al 20 de febrero, realizó un diagnóstico que revela una “profunda preocupación” por la falta de transparencia y la posible vulnerabilidad de los mecanismos actuales para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al fiscal general y jefe del Ministerio Público y a los próximos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Opacidad y falta de idoneidad

El comunicado, emitido este lunes 23 de febrero por parte de la Misión ,enfatiza y señala las debilidades estructurales detectadas durante el proceso.

Uno de los hallazgos más relevantes es la “demanda transversal” de los sectores consultados por una mayor “transparencia, trazabilidad y publicidad activa” en cada etapa de las postulaciones.

Según indica, la ciudadanía y las entidades técnicas “enfrentan un déficit” de información accesible y oportuna, lo que impide un escrutinio público efectivo.

“La Misión recoge la preocupación por conflictos de interés y por prácticas que puedan comprometer la independencia institucional”, señala el texto, subrayando la urgencia de establecer “reglas explícitas sobre incompatibilidades, declaraciones de interés, y mecanismos efectivos de excusa, inhibición y recusación”.

El principal punto que se encuentra bajo observación por parte de la Misión es el proceso de selección del TSE, ya que la OEA estuvo presente el 17 de febrero durante el cierre del trabajo de la Comisión de Postulación que definió la nómina de 20 candidatos que fue entregada al Congreso.

Sin embargo, lejos de ser un aval, la Misión envió una carta a la Junta Directiva del Congreso señalando “debilidades en la etapa de postulación”. Entre ellas destacan “instrumentos insuficientes, falta de entrevistas públicas, déficits de trazabilidad y candidaturas cuestionadas”.

Riesgos de captura y criminalización

El informe de la Misión no solo hace énfasis en la falta de procedimientos. Advierte explícitamente sobre el peligro de que las designaciones “respondan a intereses espurios”.

El comunicado enfatiza la necesidad de “prevenir cualquier forma de negociación opaca, tráfico de influencias o arreglos predeterminados que sustituyan criterios de mérito por cuotas o acuerdos ajenos a los principios constitucionales”.

La misión internacional también pone el foco en el entorno de presión que rodea estos procesos. “La Misión reitera su preocupación institucional ante cualquier forma de injerencia indebida, intimidación o actuaciones que puedan afectar la libertad del sufragio”, añade en el comunicado.

También menciona la posible utilización del sistema de justicia como herramienta de coerción.

En cuanto a la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Misión de la OEA toma nota de las “preocupaciones expresadas en distintos sectores respecto de la posible utilización abusiva de herramientas penales o actuaciones del Ministerio Público que podrían interpretarse como formas de presión o criminalización en el contexto de procesos electivos”.

También hace una referencia a “antecedentes recientes vinculados a la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)”, lo que enciende las alarmas sobre un posible efecto inhibidor en los órganos electores.

Recomendaciones para el Congreso y el Ejecutivo

Ante el panorama descrito, la Misión Especial de la OEA no se limita a la crítica, sino que también formula un paquete de recomendaciones técnicas y preventivas dirigidas a los órganos involucrados en las fases decisivas de los procesos.

Para la elección de las magistraturas del TSE, cuya fase final se llevará a cabo en el Congreso, la Misión insta a los diputados a no limitarse a una “validación automática de la nómina remitida” y los exhorta a ejercer “plenamente su función constitucional de evaluación sustantiva” mediante la realización de “audiencias o entrevistas públicas estandarizadas”.

Además, se les pide “garantizar votaciones públicas y decisiones motivadas”, dejando claro que el voto en el hemiciclo debe ser explicado ante la ciudadanía.

En cuanto al proceso para elegir al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público, actualmente en la fase de recepción de expedientes en la Corte Suprema de Justicia, la Misión exige que las etapas de verificación y evaluación se rijan por “procedimientos transparentes, auditables y verificables”.

Asimismo, se pide proteger a los aspirantes de “presiones o intimidaciones”, evitando “el uso instrumental de herramientas penales o medidas coercitivas como mecanismo de inhibición”. De cara a la fase final, la Misión hace un llamado al presidente Bernardo Arévalo para que, al recibir la nómina, privilegie una “decisión debidamente motivada y sustentada en mérito, independencia e integridad” para “restablecer la confianza pública en la institución”.

Finalmente, la Misión insiste en la necesidad de que el debate público sobre estas designaciones pueda ocurrir “sin estigmatización, amenazas o represalias”, por lo que hace un llamado a la clase política y a los cuerpos de seguridad del Estado para garantizar un clima de libertad que permita la veeduría ciudadana y la consolidación democrática.

Finalmente, la Misión Especial reiteró su disposición a continuar brindando acompañamiento técnico en los próximos meses, a medida que se acerquen las fechas límite para estas cruciales definiciones institucionales.