Debido a poca asistencia de diputados en las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, no pudieron avanzar con el análisis de los expedientes de quienes aspiran a ser relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ahora el proceso debe continuar en el 2022.

A mediados de noviembre concluyó la recepción de documentos y se contabilizaron 40 expedientes que fueron revisados por los congresistas y asesores de la sala de trabajo, y ahora se ha empezado a verificar cada expediente para establecer si cumplían con los requerimientos descritos en la convocatoria.

Los legisladores determinaron que 13 de los 40 expedientes no cumple con algún requisito y se otorgó un nuevo plazo para que puedan cumplir con los requisitos de forma o bien, justificar la falta de algún documento esencial para cumplir con el perfil.