El inicio del 2022 para muchos ex funcionarios será determinante para conocer si deben o no enfrenar juicio por los diferentes señalamientos en su contra, pues al menos en 4 casos se tiene prevista la realización de las audiencias de etapa intermedia.

El 2022 además de iniciar con una serie de juicios pendientes que podrían dilucidarse a lo largo del año, también será decisivo para diferentes ex funcionarios vinculados a diversos casos conozcan si deben o no enfrentar un debate oral y público que determine si son culpables o inocentes de las acusaciones que realiza el Ministerio Público en su contra.

El primero de estos es el caso Libramiento de Chimaltenango, donde al menos 23 personas vinculadas al caso por la supuesta construcción anómala realizada en el año 2019 deben conocer si finalmente son llevados a juicio o no. Esta audiencia se tiene previsto de inicio el próximo martes 11 de enero ante el juzgado de mayor riesgo C.

Ese mismo día, pero ante el juzgado de mayor riesgo D, se tiene previsto que los implicados en el caso Asalto al Ministerio de Salud, se presenten ante la juez Erika Aifan para que así de inicio la audiencia de etapa intermedia y se determine quienes deben enfrentar debate oral y público.

Entre los señalados se encuentra la hija del ex ministro de salud ya fallecido Jorge Villavicencio y el ex candidato presidencial Luis Fernando Pérez.

Para el 20 de este mes, se tiene previsto que el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, lleve a cabo la audiencia de etapa intermedia por el caso Cambray 2, en donde se debe decidir si los ex alcaldes de Santa Catarina Pínula, Antonio Coro y Víctor Alvarizaes deben o no ir a juicio. En dicha audiencia se debe conocer la decisión del juez pero la misma ha sido suspendida en al menos 5 ocasiones, por lo que se espera que para este mes la misma se realice.

Por último, el 31 de enero se tiene previsto que el juzgado cuarto pluripersonal de primera instancia penal lleve a cabo la audiencia para definir si el ex alcalde de San Miguel Petapa, Rafael González, debe o no ir a juicio por el delito de peculado en forma continuada en donde se le señala de la supuesta extracción anómala de 1.9 millones de quetzales, cuando fungió como jefe edil.

Si no existen problemas en la programación o recursos pendientes de resolver, dichos procesos podrían tener una resolución este mes.