El 5 de septiembre de 1977 fue lanzada la sonda Voyager I, que, a una velocidad de 61 mil kilómetros, exploró Júpiter, Saturno y desde 2012 salió del sistema solar. En todo su recorrido de 25 mil millones de kilómetros en 48 años de viaje no ha detectado ni un solo planeta que se asemeje a la Tierra. Hay algunos avistamientos de posibles cuerpos celestes que hipotéticamente podrían tener agua y alguna atmósfera, pero están a 10 u 11 años luz. A la velocidad del Voyager, para llegar a ellos, se necesitarían unos 190 mil años. Así que esta tierra, esta “casa común” como la llamaba el papa Francisco, es nuestro único hogar y no hay trama de ficción que nos permita escapar hacia un planeta similar.

Por esa misma razón, los esfuerzos de protección del entorno, de los bosques, de los cuerpos de agua, de la calidad del aire y de la conservación de suelos no son alarmismos hipotéticos, sino una necesidad real. El llamado a frenar la contaminación de ríos, lagos y mares con basura, plásticos y drenajes no son exageraciones, porque es la única forma de legar recursos naturales a nuestros hijos y nietos. Ya vamos tarde, y quien no lo quiera reconocer —por indolencia, ignorancia o dolosos intereses ajenos al bien común—, que vaya a tomar un baño al río Las Vacas o a beber un vaso de agua del Motagua.

En la década de 1990 se aprobó una Ley de Protección Ambiental que, con todo y sus debilidades, ha permitido la conservación de reservas forestales como la Biósfera Maya, un verdadero pulmón continental. Bajo este mismo concepto se amparan los estudios de impacto ambiental requeridos para poder prevenir y atender la necesidad de inversión, a la vez que se trata de mantener el ciclo ecológico que sustenta la vida humana.

Por eso era una soberana barrabasada la reforma impuesta por el artículo 9-2025, que eximía de estudios de impacto ambiental a cierto tipo de proyectos, incluida la construcción de iglesias. Toda congregación religiosa coherente tiene en primer lugar amor a Dios, al prójimo y por supuesto a la obra del Creador; por lo tanto, la solicitud de aval ambiental no solo es una obligación legal, sino —sobre todo— moral. La reforma creaba una aplicación desigual de la ley y abría brechas a la protección del entorno, con lo cual también estaba contaminada de obvias inconstitucionalidades. Y fueron estas el asidero legal para el veto presidencial a tales modificaciones.

Lamentablemente, ya se han concretado otros atentados contra el ambiente, promovidos por funcionarios que están más preocupados por cultivar simpatías egolátricas. La Corte de Constitucionalidad (CC) tiró a la basura en agosto el Reglamento para la Clasificación de Desechos Sólidos, con el argumento de que atentaba contra la “autonomía municipal”. En lugar de recomendar modificaciones proactivas, lo eliminó de un plumazo en respuesta a un recurso promovido por el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, quien actualmente preside la Asociación Nacional de Alcaldes (Anam). Dicha entidad objetó antes otra norma ambiental de primerísima importancia: la de tratamiento de aguas residuales, cuyo reglamento fue anulado por la actual CC. Vaya legado.

Numerosos diputados, alcaldes, presidenciables y politiqueros elogian la riqueza natural de Guatemala. Pero ¿qué hacen real y concretamente para protegerlos? La ley de desechos sólidos y la de aguas residuales tendrían más trascendencia si fueran decretos legislativos y no acuerdos gubernativos, pero sucesivas legislaturas huyen del tema, aunque sean sus hijos y nietos quienes sufrirán efectos aún peores.