La Asociación solicitó el análisis con el fin de que no sea ratificada una ley que pueda poner en riesgo derechos y garantías fundamentales de los guatemaltecos, ya sea por razón de su contenido, de la ambigüedad o falta de precisión en su interpretación y posible aplicación.

Agrega que el mandatario no puede sancionar ni promulgar dicho decreto, en tanto no se tenga la plena certeza jurídica de que el contenido completo se encuentre apegado a derecho y esté en armonía con la Constitución Política de la República, como con los respectivos instrumentos internacionales aceptados por el país.

Reiteran que la postura de AFI es la misma, desde que la iniciativa fue presentada en el Organismo Legislativo, pues es indispensable que toda ley respete la Constitución Política de la República, así como los instrumentos internacionales aceptados y ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos.

El Decreto 18-2022 “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” ha sido criticado por diferentes sectores y organizaciones, ya que han reiterado que dicha aprobación viola el derecho a la vida, la libertad de conciencia y de expresión.