Los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron con 67 de 84 votos posibles que el régimen de excepción continue por 30 días, a petición del Poder Ejecutivo.

Esta es la cuarta prórroga del estado de excepción que aprueban los diputados desde que comenzó su vigencia a finales del pasado mes de marzo, como respuesta a un repunte de violencia que en un solo día dejó 62 asesinatos.

“El régimen de excepción debe estar vigente hasta que se capture hasta el último pandillero», sostuvo Guillermo Gallegos, diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana, partido aliado del oficialista Nuevas Ideas.

Esta medida suspende garantías constitucionales, entre éstas la libertad de asociación, el derecho a la defensa y extiende de 72 horas a 15 días la detención provisional. El régimen, además, permite a las autoridades la intervención de las telecomunicaciones sin necesidad de que sea autorizado por un juez.

La oposición, una vez más, no dio sus votos. “Aquí nadie está en contra de la delincuencia, en lo que estamos en desacuerdo es en los abusos”, sostuvo la diputada Marleni Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, durante la sesión plenaria.

De acuerdo con las autoridades de seguridad, el régimen les ha permitido detener a más de 46.000 personas. Ante ese aumento, el gobierno ha iniciado los trabajos de construcción de una megacárcel que tendrá varios niveles de muros y 37 torres de vigilancia, algo que, según dijo el presidente Nayib Bukele, en junio, hará “imposible un escape”.

Marchan para denunciar detenciones arbitrarias

La prórroga del régimen de excepción se dio solo horas después de que grupos de familiares y amigos de detenidos marcharan hacia Casa Presidencial para pedir su liberación, porque consideran que están en prisión de manera injusta.

Vestidos de blanco y con carteles en mano, los familiares de detenidos pidieron al presidente Bukele y a la Fiscalía General que las investigaciones sean justas. “Nosotros defendemos personas inocentes y no delincuentes”, aseguró Norma Hernández. Su hija está en prisión y no ha podido verla desde abril. “No sé nada de mi hija, como que estuviera enterrada en un ataúd ya, me siento desesperada”, dijo Hernández a CNN.

En junio, un informe de Amnistía Internacional reveló que el régimen de excepción viola los derechos humanos y pidió, sin éxito, poner fin a esta medida.

El ministro de Justicia rechazó este martes que se vaya a cambiar la estrategia de seguridad.

“No necesitamos de ninguna organización internacional que venga a hablar a favor de los pandilleros, ya lo mencionó el presidente Nayib Bukele, si tanto los quieren entonces llévenselos, se los damos al 2×1”, dijo el ministro Gustavo Villatoro, en conferencia de prensa.

Las autoridades salvadoreñas sostienen que el régimen de excepción podría ser prorrogado por más tiempo.