La demanda ha empujado el crecimiento del sector de la seguridad privada al punto que alrededor de los 110 mil guardias registrados y no registrados. Hasta abril de 2025, la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp) tenía registradas a 273 empresas de seguridad privada autorizadas y 23 mil 872 guardias. En el 2023 habían 259 entidades prestadoras de servicio.

Los agremiados a las asociaciones que de empresas de seguridad privada comentaron que podrían haber entre 60 mil y 90 mil guardias que laboran de forma irregular.

Jorge Santizo, encargado la Digessp, dijo no tienen conocimiento de los comercios donde podrían estar operando esas compañías ilegales, porque sus facultades no les permiten llevar a cabo investigaciones, aunque sí han procedido a sancionar y emitir denuncias por esos hechos.

Indicó que actualmente tienen 50 personas, en diferentes grupos de trabajo, que llevan a cabo las supervisiones. Durante los últimos dos años no han podido supervisar el 100% de esas empresas registradas, según las estadísticas.

“Nosotros actuamos cuando las personas emiten una queja ante la institución. Realizamos la supervisión y emitimos las sanciones”, reconoció.

Estadísticas de la Digessp demuestran que en 2023 llevaron a cabo 114 supervisiones de oficio y 85 por quejas. El siguiente año fueron 139 de oficio y 113 por quejas de los ciudadanos.

Durante esas visitas a las empresas y áreas donde se encontraban los guardias de seguridad privada, emitieron 60 sanciones en 2023, 65 en 2024 y hasta abril de este año han sido 15.

“Las multas pueden ir desde 10 hasta 20 salarios mínimos, según el tipo de falta cometida”, expuso.

Aunque las empresas que operen de forma ilegal pueden ser sancionadas con Q100 mil de multa y una condena de seis a 12 años de prisión, detalló.

Según el artículo 66 de la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, toda persona que preste o adquiera el servicio sin autorización o licencia emitida por la Digessp comete el delito de prestación ilegal de servicio de seguridad privada.

Cómo operan de forma ilegal las empresas de seguridad

César Mérida, de la Asociación de Profesionales para la Prevención de Riesgos y Protección Integral (Apripri), dijo que uno de los grandes desafíos que enfrentan las empresas de seguridad privada es la competencia desleal, y que esto podría estar relacionado con el proceso de autorización de licencias por parte de la Digessp.

Agregó que esto ha llevado a que empresas ya autorizadas cedan la licencia de operaciones a personas sin experiencia ni capacitación en seguridad.

“Hay una falencia desde el proceso de creación de las mismas empresas de seguridad o la falta de auditoría que se tiene que llevar a cabo. A diario van surgiendo nuevas empresas de seguridad, pero el alcance operativo que tiene la Digessp, quien regula a las empresas de seguridad, le limita a tomar ciertas acciones como la cancelación de la compañía”, reconoció Mérida.

La Gremial de Compañías de Seguridad Privada expresó que se debe fortalecer a laDigessp para que se conforme una unidad especial que dé seguimiento a las denuncias y lleve a cabo operativos interinstitucionales con el apoyo de la PNC y MP.

“Esto permitiría atacar de raíz los servicios ilegales, ya que se llevarían a cabo capturas por acciones flagrantes, y ello crearía conciencia en los usuarios sobre el riesgo que conlleva contratar este tipo de servicios, ya que el Decreto-Ley 52-2010, en su artículo 66, estipula sanciones”, dijo la gremial.

Más supervisores en el interior del país

Santizo afirmó que entre agosto de 2024 y marzo de 2025, se hizo un ejercicio con instituciones de gobierno, empresas y quienes contratan seguridad privada para elaborar una política para fortalecer a la Digessp.

Detalló que en la actividad participó la Dirección General de Control de Armas y Municiones, el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y la sociedad civil.

Se trata de un plan estratégico a 10 años para abordar las problemáticas a través de ejes de acción.

El plan de la Digessp es implementar oficinas de supervisión en el oriente y occidente del país para lo que contratarán a 20 personas para que fiscalicen a las empresas de seguridad privada.

“Eso nos va a permitir tener un acceso, una reacción y una atención más inmediata. Queremos alcanzar a las 273 empresas en un año, hacer una supervisión de oficio durante ese periodo y avanzar en los procesos de verificación, que se han incrementado en relación con las quejas, y eso es positivo”, explicó.

“Yo siempre le digo a la gente de la dirección: tienen que estar sabidos y conscientes de que un mal trabajo, una mala supervisión puede terminar vulnerando la seguridad de alguna persona”, destacó.