La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planea imponer multas de hasta US$5 mil (Q38 mil 500) y penas de prisión de hasta seis meses para todos los migrantes indocumentados que hayan ingresado ilegalmente y no decidan inscribirse al nuevo registro requerido por las agencias del gobierno.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, todos los migrantes ilegales que se encuentran actualmente en el territorio estadounidense, incluidos los niños mayores de 14 años, tendrán que registrar su nombre, sus huellas dactilares y compartir las direcciones de sus residencias.

La nueva medida del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) resalta los esfuerzos del mandatario republicano por endurecer las leyes migratorias, tomando en consideración que este nuevo reglamento convierte a los inmigrantes ilegales en criminales dentro del país norteamericano.

El periódico estadounidense, The Wall Street Journal, explica que antes de la llegada de esta nueva medida, los indocumentados eran culpables de cometer una “infracción administrativa” y por eso podían ser detenidos y deportados; sin embargo, en la actualidad, las personas indocumentadas estarán cometiendo un delito penado con cárcel por el hecho de estar de forma ilegal en EE. UU.

Registro de indocumentados

Los nuevos planes de la administración de Donald Trump se basan en la ley de inmigración aprobada en 1940, la cual creó un “registro de inmigrantes para poder atrapar a presuntos comunistas“; no obstante, el sistema se dejó de utilizar en 1960, cuando el Gobierno de Estados Unidos decidió que era “muy costoso” para los pocos beneficios.

40 años después, el entonces presidente republicano, George W. Bush, volvió a crear un registro de inmigración luego de los atentados terroristas de Nueva York en septiembre del 2001; aunque en esa ocasión, los perjudicados fueron las personas de origen musulmán, ya que tras presentar sus huellas, la mayoría eran deportadas.

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Tuvieron que pasar 20 años más para que las políticas contra la migración ilegal se volvieran a endurecer y a partir de su campaña electoral en el 2024, el presidente Trump anunció que iba a firmar una serie de decretos para fortalecer las políticas migratorias, tal y como lo ha cumplido hasta el momento, con deportaciones masivas.

Según la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, una de las ramas del Departamento de Seguridad Nacional, “los cruces ilegales em la frontera estadounidense han dismunido” durante las primeras semanas de la Administración Trump, ya que en enero solamente se llevaron a cabo 29 mil detenciones, frente a las 47 mil de diciembre.

Además de las medidas relacionadas a las redadas y las deportaciones, el presidente Donald Trump también decidió clausurar el programa conocido como “CPB One“, en donde los indocumentados tenían la posibilidad de agendar una cita en la frontera de Estados Unidos para poder solicitar asilo en la nación norteamericana.

Posteriormente, a pesar de la disminución de capturas en las fronteras estadounidenses, el mandatario desplegó más de 2 mil 500 soldados en los estados fronterizos, por lo que sus decretos migratorios le otorgaron más poder a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).