Maestros filtraron información sobre el cobro de 50 quetzales que debe pagar cada uno de ellos para financiar los gastos de movilización para los educadores que participarán en una marcha a realizarse el próximo 21 de noviembre en la ciudad de Guatemala como parte de las “negociaciones” que se realizan para aprobar el nuevo Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Tanto las negociaciones como el contenido del pacto, a financiarse con el dinero de todos los contribuyentes de Guatemala que pagan sus impuestos, se mantienen en el más absoluto secreto por obra y gracia de la Corte de Constitucionalidad a la que no importó el mandato de la Carta Magna.

El artículo 30 de la ley fundamental ordena la publicidad de los actos administrativos y las excepciones son únicamente los asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Ninguna de esas excepciones se aplica o puede aplicar a pactos colectivos entre el Estado y los diferentes sindicatos que operan en las diversas instituciones, pues se trata de administración de recursos públicos y los contribuyentes tienen todo el derecho de saber cómo y por qué se usan los fondos provenientes de los tributos fiscales.

El malestar de los miembros del magisterio que compartieron los chats de WhatsApp en los que se instruía a los directores de los diferentes centros educativos sobre el cobro y la forma de entregar el dinero a los directivos del sindicato que dirige Joviel Acevedo es válido aunque han sido esos mismos maestros, sometidos al poder del líder sindical, quienes criaron al cuervo que les saca los ojos. Acostumbrados a hacerlo todo en secreto, como quieren que se maneje el pacto y como lo autoriza la Corte de Constitucionalidad, violando el artículo 30 de la Constitución, los dirigentes se sienten con el derecho de hacer y disponer lo que les venga en gana.

Creemos firmemente en la necesidad de dignificar al magisterio, objetivo que implica lógicamente el pago de salarios adecuados, pero también significa que el maestro vuelva a ser esa figura digna y respetada que durante años caracterizó a la inmensa mayoría de los integrantes del gremio. Jamás aceptaríamos, mucho menos promoveríamos, cualquier acción que merme esa dignidad o deje de reconocerla, pero el papel que juega el Sindicato no es ocuparse por exaltar las virtudes del magisterio sino simplemente sacar raja de oscuras negociaciones que han implicado el apoyo de los educadores sindicalizados a los esquemas de podredumbre e impunidad que tanto daño han hecho al país.

El magisterio tiene que enderezar su camino para que cada uno de los maestros vuelva a ser ejemplo de ética, decencia y conocimiento para impartir esos valores a los educandos y no refunfuñar simplemente cuando les piden cuotas extraordinarias.