Anabella Morfín, fundadora del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), comentó en entrevista con Prensa Libre que la certeza del proceso electoral y la participación ciudadana están en riesgo por las acciones judiciales recientes vinculadas al Movimiento Semilla.

Resaltó que al crear un partido político se le da vida a una persona jurídica y que la responsabilidad al cometer un delito o acto es personal, y no debiera derivarse a terceras personas. La abogada recuerda que en el 2023 ya se discutió que todas las resoluciones en materia electoral y sanciones respecto al proceso electoral le competen exclusivamente al TSE.

¿Cómo interpreta las recientes acciones en las que un juez solicita la nulidad del partido político que ganó la elección presidencial?

Desde el punto de vista estrictamente legal, que es desde el cual debe verse todo este proceso, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que toda impugnación debe hacerse ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ante el Registro de Ciudadanos, que le compete conocer las denuncias que haya sobre actos que presenten algún tipo de irregularidad o que adolezcan de un eventual acto político.

Creo que las cosas se han desnaturalizado. Aquí hubo una deliberada manipulación de la ley al aplicar normas que no estaban diseñadas para aplicarse a partidos políticos.

Hay algo que no debe perderse de vista, y es que, por ningún motivo, cualquier hecho o acto punible que se hubiese ejecutado, la responsabilidad penal es personal, y a las que se debe sancionar es a las personas que hubieren cometido esos ilícitos. No a la entidad, porque desnaturaliza totalmente la razón de ser del derecho.

¿Cree que toda esta situación afecta tanto a la supremacía del TSE como a la certeza en el proceso electoral?

Tenemos un proceso electoral que está basado en la confianza ciudadana en la participación de personas que son ajenas a los partidos políticos, que con mucha dedicación y compromiso, y en todo caso en ejercicio de un derecho cívico-político y como ciudadanos, integran esas juntas receptoras de votos y participan como voluntarios.

Yo me estoy preguntando y estoy muy preocupada sobre lo que va a pasar cuando el TSE convoque a elecciones para integrar el Tribunal, que ya va a pasar en noviembre: quiénes van a querer postularse que sean personas correctas, probas, con un limpio historial de vida y, en todo caso, en quienes confiemos.

Por supuesto que afecta a la población. En primer lugar, le llega la información a medias; segundo, no la comprende totalmente; tercero, hay, a través de las redes sociales, mucha desinformación malintencionada.

Entonces, todo eso afecta no solo el desempeño del TSE, no en cuanto a la organización del próximo proceso electoral, sino a su propia integración y al interés de la población que vaya a querer involucrarse dentro del proceso electoral a través de la junta receptora de votos, porque los han criminalizado en lugar de reconocer que están haciendo un aporte importante a nuestro país.

Con las fortalezas y con las debilidades estructurales del TSE, ¿es posible poner en duda la constitución de un partido que ya participó en dos procesos electorales?

Realmente no es factible que se pretenda hacer, por lo que ya decía: que el ámbito penal lo que tiene que verificar es la comisión de actos reñidos con la ley en contra de las personas que los cometieron individualmente consideradas.

Por supuesto que, si cometieron ilícitos, que se sancionen. Nadie está diciendo que no lo haga, pero no se puede, en ámbito penal, hacer o pretender cancelar o declarar la nulidad de la existencia de un partido político, porque eso le dio vida en primer lugar a una persona jurídica.

Esa persona jurídica participó en un proceso electoral y eso no lo podemos borrar de la pizarra, y que, solo con borrarlo, ya no existe, porque eso tiene consecuencias.

Para declarar la nulidad de la existencia de ese partido político, eso sí o sí le corresponde al público ente facultado por la Constitución y por la ley de rango constitucional, que es el Tribunal Supremo Electoral, y ellos no lo han hecho.

Desde su lectura, ¿cuál podría ser el interés de esta resolución del juez?

Si somos objetivos, hemos observado que ha sido un acoso espantoso. Una serie de acciones en contra de personas, en contra de las instituciones, nos ha demostrado que lo que hay es un deliberado interés de que quienes están gobernando no puedan lograr sus objetivos.

No percibe uno más que eso: un deliberado interés de perjudicar a quienes nos están gobernando y de desacreditarlos, porque quizás lo ven como una amenaza para el proceso electoral próximo.

Sí que nos han hecho un grave daño. Es terrible, porque es una oportunidad para nuestro país de que las cosas se encaucen y se reencauce, que las instituciones se fortalezcan, porque hay una debilidad institucional espantosa en todos los órdenes.

Afecta la confianza del país, y eso nos hace daño a todos; nos afecta económica, social y culturalmente.

¿De qué manera puede el TSE fortalecer o blindar el sistema electoral para evitar situaciones similares en el futuro?

Reformas a la ley electoral, en este momento, sería absolutamente improcedente pensarlas, porque ya estamos a las puertas de que se haga la convocatoria para la integración del TSE; ya no es oportuno.

La ley electoral tiene un muy claro y determinado procedimiento para la revisión de los resultados, para hacer valer las impugnaciones, para determinar los momentos y la calificación de los documentos, la facultad de las personas y los plazos en que se pueden hacer tales impugnaciones. Eso lo dice claramente la ley.

Lo que ha pasado es que se ha ignorado todo esto, se ha manoseado la LEPP y se ha pasado por alto la integración del TSE.