Esta semana será decisiva para los diputados que entrarán a conocer el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2026, por Q163 mil 783.4 millones, que plantea un déficit fiscal del 3.3 %, equivalente a Q33 mil millones, uno de los más altos por el Ministerio de Finanzas (Minfin).

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) reiteró su postura sobre las implicaciones que podría tener esta iniciativa si llegara a ser aprobada por el Legislativo, el cual la conocería de urgencia nacional.

El pasado 29 de octubre, el Cacif presentó un análisis sobre la estructura y los posibles impactos macroeconómicos del presupuesto del 2026, por lo que solicitó una revisión del monto propuesto, así como del déficit fiscal.

Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica del Cacif, indicó que hay varios puntos e indicadores que preocupan al sector privado organizado, entre los que resalta el déficit fiscal, las preaprobaciones presupuestarias, así como el endeudamiento y el destino de los recursos.

Por ley, el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto del siguiente año.

¿Cuáles son las principales observaciones a la formulación del presupuesto?

Una de las observaciones es que el presupuesto está creciendo de una manera desmedida e insostenible, que es significativamente más grande que los observados en los últimos casi 15 a 20 años, con una tasa más alta que se ha visto en lo que va de este período de gobierno.

Además, implica un crecimiento significativo de la deuda. Lo segundo es que miramos una serie de normas que, más por fortalecer el Estado, lo debilitan institucionalmente hablando.

¿Cómo cuáles?

Para comenzar, no está claro cuál es el monto del presupuesto, porque se viene acompañado de una serie de normas que crean preampliaciones aprobadas, pero que no establecen los criterios, por ejemplo, el monto del gasto, no se establece la fuente de financiamiento, quién es la entidad ejecutora, y esto no solo va en contra de los buenos principios, sino que marcan otras leyes como la misma Ley Orgánica del Presupuesto. Podemos encontrar varios casos diferentes.

La ejecución por terceros simplemente es incierta, porque no se conoce cuáles son los montos y los plazos, y qué resultados se esperan.

Por último, y lo más importante, es cuáles son los resultados que se esperan de todo esto, y la verdad, no están claros los resultados. Entonces, hablamos de que mucho de este dinero simplemente se gasta, pero no se transforma en bienes y servicios que la población esté demandando.

Es decir, no se traduce en más carreteras, más educación o más salud.

¿Cuáles son los riesgos que perciben si se llegara a aprobar por el Congreso?

Afortunadamente, Guatemala ha mantenido una disciplina fiscal por mucho tiempo. Sin embargo, lo que estamos observando es que, de manera insostenida, se están creando las condiciones para ir perdiendo eso: un déficit fiscal claramente insostenible e incluso se habla de un déficit en cuenta corriente, que es lo menos que se debería estar cumpliendo, de tener un ahorro en cuenta corriente.

Lo segundo es que observamos que este crecimiento desmedido de la deuda, más allá de ir a inversión, va a gasto corriente. No se están generando inversiones que permitan impulsar el desarrollo económico y que, de alguna manera, sea financiable esa deuda a mediano plazo.

¿Qué significa?

Cuando miramos la consecución de muchas actividades que, en el corto plazo, son malas prácticas, pero que se convierten, en el corto y mediano plazo, en insostenibles.

Eso se traduce en mayores tasas de interés para todos los guatemaltecos, más impuestos —que podría ser eventualmente— e incluso, en el corto plazo, un mayor costo de vida.

¿Por qué el tema de la deuda genera una alta preocupación?

Son dos cosas importantes: la primera, el monto. Aunque se dice que Guatemala tiene una de las deudas más bajas de Latinoamérica, también se tiene una de las más bajas de recaudación en la región.

El problema no solo es con respecto a la economía, sino con respecto a la capacidad de pago de esa deuda, y ya se están superando los niveles de capacidad de pago.

Lo segundo es para qué se utiliza. Aunque el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mencionado que Guatemala tiene las posibilidades de generar más deuda si es para inversión, que sea temporal y si se maneja de manera transparente, lo que observamos es que ninguna de esas condiciones se está cumpliendo.

Más del 50% de la deuda en el presupuesto del 2026 va para funcionamiento; otro monto va para pagar los servicios de la deuda, y al final solo queda 16% para inversión. La verdad, no solamente es una inversión improductiva, sino que también es injusto para las generaciones futuras, que son las que tendrán que pagar.

¿Cómo hay que entender el déficit fiscal propuesto del 3.3%?

El problema es que el déficit hay que financiarlo con algo, y de entrada se propone que son Q33 mil millones en deuda. Se están alcanzando los niveles con un ritmo insostenible de endeudamiento para las características de la economía guatemalteca.

Aun cuando se tiene un nivel bajo de deuda, no quiere decir que se puede endeudar de manera indefinida, y debe estar comprometido por la capacidad de pago. Este endeudamiento al cual se está sometiendo a la ciudadanía está rebasando esa capacidad de pago.

¿A futuro, cuáles podrían ser las implicaciones si se llegara a aprobar este proyecto?

Definitivamente, mayores tasas de interés en un muy corto plazo, un aumento en el costo de vida de todos los guatemaltecos en la canasta básica y eventualmente más impuestos, que serían para pagar una deuda de un gasto que fue improductivo. No es para pagar bienes y servicios que la población está demandando.

Guatemala llegó a un punto en el cual el servicio de la deuda propuesto para el 2026 ya es mayor que el gasto en el Ministerio de Salud, para servicios que la población no percibe. No se ven servicios de calidad en los centros hospitalarios, y se pagan impuestos por una mala atención.

¿Lograron expresar estas observaciones a la Comisión de Finanzas?

Sí se tuvo acercamientos a los miembros de la Comisión de Finanzas (que preside el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez), así como a otros diputados, a los cuales se les compartió estos análisis técnicos, y esperamos que se tomen en cuenta en un debate que se tiene que dar esta semana.