La Corte de Constitucionalidad aceptó un recurso de debida ejecución luego que transcurridos más de 10 años, el Congreso de la República no ha hecho modificaciones al delito de tortura a pesar de que existe una orden emitida desde 2012.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron una debida ejecución presentada por el abogado Alexander Aizenstatd, quien reclama que el Congreso de la República no ha procedido, desde hace 12 años, a reformar el artículo 201 Bis del Código Penal, en el cual se deben modificar aspectos sobre la calificación del delito de tortura.

De acuerdo con el alegato, en 2012, el Tribunal Constitucional dio lugar a una acción de inconstitucionalidad, asegurando que era necesario agregar los siguientes términos:

· El Castigo

· Cualquier tipo de discriminación

· O con cualquier otro fin

· La aplicación sobre una persona de método tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica

Pues, según la norma actual, la definición del delito de tortura no abarcaba todas las formas existentes para afectar a una víctima.

El problema es que desde hace 12 años, los diputados no han procedido a reformar dicho delito para incluir las frases y así cumplir con los convenios internacionales que Guatemala ha suscrito para prevenir la tortura, por lo que ahora, la Corte nuevamente exhorta a los parlamentarios a hacer el cambio.

Aunque no hay ninguna consecuencia extra para los diputados si no cumplen, los magistrados señalan que el congreso debe proceder a la reforma, el ejecutivo debe velar por cumplir lo ya sentenciado en 2012 y los jueces deben hacer sus análisis basados en los resuelto por el tribunal constitucional cada vez que hagan una resolución donde este señalado el delito de tortura.

Por Sergio Osegueda

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