Por CNN

Casi una veintena de estados y ciudades liderados por demócratas están desafiando en la corte el intento del presidente Donald Trump de terminar con la ciudadanía por nacimiento, un gran desafío constitucional a una de las políticas emblemáticas de la Casa Blanca.

Las demandas afirman que un decreto de Trump firmado este lunes viola la 14ª Enmienda de la Constitución, que otorga el derecho constitucional de ciudadanía a todos los niños nacidos en Estados Unidos.

“A pesar de los amplios poderes de un presidente para establecer la política de inmigración, sin embargo, la orden de pérdida de la ciudadanía cae muy fuera de los límites legales de la autoridad del presidente”, afirma una demanda de 18 estados, Washington y San Francisco.

El caso podría convertirse en el primer gran enfrentamiento en la Corte Suprema para la agenda del segundo mandato de Trump. Los 18 estados presentaron en un tribunal federal de Massachusetts, lo que significa que cualquier apelación de un fallo de ese tribunal pasará por el Primer Circuito de la Corte de Apelaciones de EE.UU., donde todos los jueces son designados demócratas.

The impact of President Trump’s unconstitutional birthright citizenship executive order would be truly devastating.

We will not allow our president to willfully violate the rights of U.S. citizens and get away with it. pic.twitter.com/bNRqUfqWkS

— Rob Bonta (@AGRobBonta) January 21, 2025

La Corte Suprema ha mantenido la ciudadanía por nacimiento en el pasado y también hay una ley federal aprobada por el Congreso, anterior a la ratificación de la 14ª Enmienda en 1868, que establece que los niños nacidos en suelo estadounidense tienen derecho a la ciudadanía.

“El presidente tiene derecho a presentar una agenda política que considere adecuada”, dijo a CNN el fiscal general demócrata de Nueva Jersey, Matthew Platkin, quien está co-liderando la nueva demanda.

“Cuando se trata de la ciudadanía por nacimiento, algo que ha sido parte del tejido de esta nación durante siglos, que ha estado en la Constitución durante 157 años desde la Guerra Civil, que ha sido mantenido por la Corte Suprema dos veces, el presidente no puede, con un golpe de pluma, reescribir la Constitución y trastocar el estado de derecho”, agregó.