Abogados opinaron que resoluciones como la emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) en diciembre último, en la que rechazó el recurso de apelación presentado por varias organizaciones periodísticas que buscaban frenar las investigaciones penales contra periodistas del desaparecido elPeriódico, ponen en riesgo la libertad de expresión y pueden provocarautocensura, no solo entre periodistas, sino también en la ciudadanía en general.

Ante esa resolución, ocho asociaciones de prensa también han manifestado su rechazo, al afirmar que se vulnera la emisión del pensamiento. En su fallo, la Corte enfatiza la importancia de mantener un equilibrio entre la libertad de expresión y otros derechos, y destaca que cualquier limitación a este derecho debe estar justificada y sujeta a regulación.

También determina que no se ha demostrado la existencia de una amenaza real e inminentemente perjudicial para los solicitantes. Las acciones tomadas por las autoridades estaban dentro de un marco de legalidad y no podían considerarse una limitación directa a la libertad de expresión en ese momento.

Para el abogado Edgar Ortiz, el tema es más grave de lo que parece, porque se trata de la libertad de expresión, un derecho del que no solo gozan los periodistas, sino también la población en general. “No debe preocupar solo a la prensa, sino a cualquier persona”, advierte.

“En términos de exigirle cuentas al Gobierno, la libertad de criticar a las autoridades es fundamental. La Constitución, en el artículo 35, toma una posición más protectora que en otros países, porque establece que no constituye falta ni delito la crítica a los funcionarios”, precisó.

Agregó: “Los límites de la expresión son más amplios cuando hablamos de temas públicos. Si los periodistas estuvieran sujetos a procesos penales, la consecuencia sería la autocensura. En la medida en que la gente opine menos, el Gobierno es feliz. Lo que se busca es enfriar el debate y evitar que se critique a los funcionarios”.

“La CC no ordena perseguir a los periodistas, pero sí lo admite”, dice Ortiz, quien además sostiene que debe prevalecer el juicio de imprenta. El abogado añade que este tipo de resoluciones no solo afecta a los periodistas, sino también a la población en general, porque se castiga la libertad de expresión en su conjunto.

Recurso olvidado

El abogado Esteban Celada Flores, integrante de la Sociedad por la Dignidad y la Justicia, afirma que los tribunales de imprenta han quedado en el olvido y que “hay un abuso al llevar todo por la vía penal”.

“Se han dejado sin uso los tribunales de imprenta. Todo se está resolviendo por la vía del derecho penal, y eso es preocupante. Se deberían agotar todos los mecanismos existentes antes de recurrir al derecho penal, pero vemos lo contrario”, acotó.

Celada señala que, aunque en la sentencia la CC apela a la dignidad, la moral y la vida íntima de las personas, enfocándose en los funcionarios y empleados públicos, “trata de decir que no es lo mismo hacer una investigación periodística que atacar o tratar, en todo caso, de coaccionar desde aspectos de la vida privada de las personas”.

Con esta resolución, según Celada, “pareciera que la Corte intenta fijar límites a la libertad de expresión, sobre todo cuando están relacionados con la dignidad de las personas”.

El abogado considera que habría que analizar las notas periodísticas que en su momento publicó elPeriódico y por las cuales se busca procesar a los periodistas. Sin embargo, sostiene que esa tarea debería quedar en manos de expertos en libertad de prensa, para que se valoraran los tribunales de imprenta y no se manejara el caso con abogados o jueces penalistas.

“Sabemos que hay una criminalización no solo de periodistas, sino también de defensores de derechos humanos y operadores de justicia, y que, al final, puede afectar a cualquier persona”, sostiene.

Añade que también se debe velar por hasta dónde puede llegar una sentencia a restringir y, en todo caso, a criminalizar cualquier intento de fiscalización por parte de los periodistas, quienes, a su criterio, también son defensores de derechos humanos y son quienes, en primera instancia, saben cómo encontrar la información y “transmitir la verdad”.

“Por eso hay tribunales de diferentes naturalezas, y el MP no tiene que intervenir en todas las áreas del país, porque, de lo contrario, habría un uso excesivo del derecho penal”, puntualizó.

Peligro

A decir del excanciller Gabriel Orellana, este proceso deja mucho que pensar, principalmente por la acción penal que se plantea, y se pone en duda hasta dónde la libertad de prensa y la libre emisión del pensamiento son respetadas por el “ente que tiene la acción penal en Guatemala”.

“Me extrañó mucho que haya sido la Corte de Constitucionalidad la que dictara esta resolución, que, a mi juicio, no se ajusta nada más y nada menos que a una ley de rango constitucional”, dijo.

“Me parece un peligrosísimo precedente, porque acuérdese de los ejemplos que nos han dado los países que actualmente tienen gobiernos autoritarios y que han comenzado por tratar de acallar las opiniones”, agregó Orellana.

Enfatiza en que se deben evitar estos mensajes, porque solo generan temor en el gremio periodístico y en la ciudadanía que simplemente quiere opinar.

“Tenemos que ser muy cuidadosos y muy celosos de esta libertad, porque muy fácilmente se puede perder. Obviamente, se envía un mensaje a la sociedad de que no puede ejercer plenamente su libertad de expresión”, concluyó.