El rescate del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para sacarlo de las redes de la corrupción, debió ser una de las prioridades del gobierno de Bernardo Arévalo, tomando en cuenta que es posiblemente la más trascendental de las instituciones fundadas en el gobierno de su padre, el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Sin embargo, el IGSS continúa bajo la administración que fue nombrada en el gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez quien, además de pareja sentimental, se autoproclamó Jefe de Jefes en ese período presidencial.

Hoy estamos publicando otro trabajo de investigación relacionado con la adjudicación que hizo el IGSS el pasado 18 de noviembre, de un contrato por 51.2 millones de quetzales para atención a pacientes con cáncer en el que se evidencian serios incumplimientos de las bases que dieron lugar a que se hiciera el negocio con el “proveedor único”, luego de haber establecido requisitos ad hoc para favorecer a la empresa Centro de Diagnósticos Médicos de Guatemala.

El IGSS operó como una de las piezas fundamentales del entramado que se formó durante el gobierno de Giammattei para favorecer a empresas determinadas y especialmente a algunas que tenían vínculos notorios con Miguel Martínez. El dinero de los trabajadores que pagan sus cuotas y de los empresarios que cubren la cuota patronal, ha sido manejado en el marco de esa modalidad que se convirtió en norma desde que los gobiernos autocráticos que han operado en el marco del saqueo del erario público fijaron las reglas de juego.

La Contraloría de Cuentas, llamada a auditar y supervisar el manejo de los fondos públicos, ve limitado su campo de acción porque no puede operar en forma preventiva para impedir que los amaños lleguen a concretarse con la firma de contratos, lo cual deja una puerta abierta de par en par para los que saben cómo operan las mafias. El caso es que la empresa, al día de hoy, permanece cerrada no obstante que desde hace meses culminó la negociación que se hizo con una entidad que afirmó tener ya mucho tiempo de estar en el mercado.

Todo acto de corrupción es un crimen que debe ser castigado pero los que se hacen en el campo de la salud y la compra de medicamentos o adquisición de servicios especiales para pacientes enfermos, son además un gravísimo pecado. No olvidemos que el precio de las medicinas a los particulares tiene que ser elevado artificialmente para justificar el elevadísimo costo que se aplica a las compras que hace el Estado, razón por la que somos uno de los países con medicinas más caras de todo el mundo.

La estructura de Giammattei-Martínez sigue operando en el IGSS como si no hubiera habido una elección en el país en la que los ciudadanos dieron un claro y expreso mandato para acabar con las mafias.