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Relatora de la ONU denuncia persecución en Guatemala relacionada con el caso Odebrecht
Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU, alerta por nuevas capturas en caso
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La relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, advirtió sobre un patrón de persecución judicial en Guatemala tras nuevas capturas por el caso Odebrecht. Cuestionó la reserva del proceso y alertó sobre un debilitamiento sistemático de la independencia judicial.
La relatora especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por las nuevas órdenes de captura vinculadas al caso Odebrecht en Guatemala y criticó que el proceso se mantenga bajo reserva judicial.
En un pronunciamiento publicado en la red social X, Satterthwaite calificó como “alarmantes” los reportes sobre la detención de exoperadores de justicia anticorrupción, señalando que las acciones refuerzan un patrón de persecución contra jueces, fiscales, abogados y defensores de derechos humanos. Esta tendencia ya había sido documentada durante su visita oficial al país semanas atrás.
“Estoy profundamente preocupada por lo que parece ser una estrategia sistemática para debilitar la independencia judicial y consolidar la impunidad”, advirtió.
La experta también cuestionó el uso de medidas como el secreto judicial y la asignación selectiva de casos, a los que consideró mecanismos que comprometen el debido proceso.
Sus declaraciones se dan tras el anuncio del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, sobre nuevas órdenes de captura contra Iván Velásquez —excomisionado de la CICIG , Luz Adriana Camargo, fiscal general de ese país, y otras 24 personas. Todos son señalados por el Ministerio Público en el caso Acuerdos Fraudulentos, que incluye cargos por asociación ilícita, colusión, obstrucción de justicia y tráfico de influencias.
En su informe preliminar, Satterthwaite identificó al menos siete patrones de criminalización contra quienes lideraron la lucha contra la corrupción en Guatemala, entre ellos: detenciones arbitrarias, acusaciones imprecisas, acoso digital, manipulación en la asignación de casos y la erosión de garantías procesales.
La relatora concluyó reiterando su disposición al diálogo con las autoridades guatemaltecas y aseguró que continuará monitoreando de cerca la situación en el país.
Redacción: Andrea Palacios