Presidente Arévalo sanciona cambios legales que impiden la suspensión de partidos políticos bajo la Ley contra la Delincuencia Organizada.

El presidente Bernardo Arévalo firmó este jueves la reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada, un cambio clave que busca evitar que esta normativa sea aplicada en asuntos político-electorales, como el caso que involucra al Movimiento Semilla.

El Congreso aprobó recientemente modificaciones al artículo 82 de la Ley, añadiendo un párrafo que especifica que esta normativa no puede ser utilizada contra partidos políticos ni otras entidades sujetas a leyes específicas como la Ley Electoral y de Partidos Políticos . Esto significa que las sanciones, suspensiones o cancelaciones de organizaciones políticas deben gestionarse únicamente bajo la LEPP, dejando fuera el ámbito de la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Durante una tranmsión en tiktok, El presidente Arévalo indicó que la reforma responde al uso “incorrecto e ilegal” que el Ministerio Público ha hecho de esta legislación, citando como ejemplo la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, ordenada por el juez Fredy Orellana.

La controversia inició cuando el MP utilizó la Ley contra la Delincuencia Organizada para atacar al Movimiento Semilla, una acción que Arévalo calificó como un abuso de poder con fines políticos. Con esta reforma, se busca garantizar que las disputas político-electorales se procesen exclusivamente en el marco de la LEPP y bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo Electoral

El Congreso aprobó las reformas pese a las objeciones iniciales, dejando la decisión final en manos del presidente. Este 5 de diciembre, en sesión extraordinaria, los legisladores rechazaron las observaciones y dieron luz verde al Decreto Legislativo 36-2025, que ahora entra en vigencia tras la sanción presidencial.

La reforma no solo restablece claridad en la aplicación de las leyes, sino que también limita el alcance del MP en el uso de la Ley contra la Delincuencia Organizada en casos políticos. Con esto, el Ejecutivo espera fortalecer la confianza en las instituciones democráticas del país y poner fin a las tensiones derivadas del caso Semilla.

Este viernes fue publicado oficialmente en el diario de Centroamérica y entrará en vigencia un dia después de su publicaciónn