Seis de cada diez víctimas de delitos en el país no denuncia, según CIEN y encuesta universitaria
Seis de cada diez adultos que fueron víctimas de algún delito no presentaron una denuncia durante 2026, de acuerdo con los resultados de una encuesta del Monitor Global de Emprendimiento (GEM, en inglés), que elaboró la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y presentó el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). El investigador del centro, David Casasola, […]
Seis de cada diez adultos que fueron víctimas de algún delito no presentaron una denuncia durante 2026, de acuerdo con los resultados de una encuesta del Monitor Global de Emprendimiento (GEM, en inglés), que elaboró la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y presentó el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
El investigador del centro, David Casasola, mencionó que la cifra refleja las dificultades para conocer la dimensión de la criminalidad a partir de los registros oficiales y coincide con un aumento en la proporción de víctimas que desconfían de las autoridades o consideran que denunciar no sirve de nada.
Expuso además los resultados de la medición y advirtió que existe una reducción de las denuncias, pero que no necesariamente significa que los delitos estén ocurriendo con menor frecuencia. El análisis también muestra una disminución en la proporción de personas que acuden al Ministerio Público (MP).
Según la encuesta, el porcentaje de víctimas que presentó una denuncia pasó de 44.3% en 2025 a 39.4% en 2026, una caída de 4.9 puntos porcentuales. En consecuencia, la proporción de quienes no denunciaron aumentó de 55.7% a 60.6%.
DESCONFIANZA Y TRÁMITES COMPLICADOS
Entre las principales razones para no denunciar figura la percepción de que hacerlo no sirve de nada. Esta respuesta aumentó de 15.7% en 2025 a 18.1% en 2026, un incremento de 2.4 puntos porcentuales, según la encuesta utilizada por el CIEN.
También creció la proporción de personas que no consideró suficientemente grave el hecho delictivo que sufrió como para acudir a denunciar, pasando de 8.4% a 11.7%. Sin embargo, uno de los cambios más marcados ocurrió entre quienes consideran que los trámites son complicados y tardados, con un porcentaje que pasó de 1.5% a 7.7%, un aumento de 6.2 puntos porcentuales.
La desconfianza en las autoridades también figura entre los motivos recurrentes para no acudir a las instituciones.
Esta razón fue mencionada por 20.8% de quienes no denunciaron en 2026, frente a 19.5% en 2025. El temor a represalias, por su parte, pasó de 16.9% a 16.1%.
Ante estos escenarios, Casasola señaló que estos resultados pueden relacionarse con la percepción de que las denuncias no generan resultados y, en particular, mencionó las dificultades del sistema de justicia para avanzar en las investigaciones y resolver los casos.
El investigador también se refirió al funcionamiento del MP y a la desestimación de expedientes, pues algunas fiscalías pueden recibir denuncias, pero no necesariamente cuentan con todas las capacidades para desarrollar las investigaciones posteriores, indicó.
“Si no se fortalece la capacidad investigativa, no van a haber resultados que se pueden presumir y comunicar para retomar el aliento al denunciante”, afirmó.
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PNC RECIBE MÁS DENUNCIAS QUE EL MP
La encuesta también muestra cambios en las instituciones a las que acuden las víctimas que sí presentan una denuncia.
En 2026, el 51.1% de quienes denunciaron prefirió hacerlo en la Policía Nacional Civil (PNC), frente al 47.6% registrado en 2025. Esto representa un incremento de 3.5 puntos porcentuales.
En contraste, la cantidad de denuncias presentadas ante el MP bajó de 44.4% a 41.2% durante el mismo período.
Casasola explicó que la PNC puede recibir las denuncias y trasladarlas al MP, institución encargada de dirigir la investigación criminal; pero consideró que las diferencias de confianza y la percepción sobre la respuesta institucional influyen en la decisión de las víctimas sobre dónde denunciar.
A su juicio, recuperar esa confianza requiere fortalecer las investigaciones, mejorar la atención a quienes acuden a las instituciones y comunicar los resultados obtenidos.
LAS EXTORSIONES GANAN TERRENO ENTRE DELITOS DENUNCIADOS
Uno de los hallazgos de la encuesta destaca el cambio en la composición de los delitos que reportan las víctimas, pues aunque el robo y el asalto han perdido peso relativo, las extorsiones y las estafas representan una proporción mayor que en años anteriores.
De acuerdo con la gráfica que presentó el CIEN, el robo y el asalto representaron el 40% de los delitos reportados en 2026, frente al 42% en 2025. En contraste, la extorsión pasó de 16% a 21%, mientras que las estafas aumentaron de 15% a 17%.
Según los datos expuestos por Casasola, entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 8 mil 206 denuncias menos que en el mismo período de 2025. Solo en septiembre, la diferencia fue de 991 denuncias: 1 mil 62 frente a 2 mil 53 del año anterior.
“Lo que pudiéramos empezar a comprender es que la extorsión se está denunciando menos”, señaló Casasola al contrastar los resultados de la encuesta con los registros oficiales.
CIEN: GUATEMALA NECESITA UNA ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN
La encuesta registró una reducción en el porcentaje de adultos que reportaron haber sido víctimas de algún delito durante los últimos 12 meses, de 19% en 2025 a 15.9% en 2026.
Sin embargo, Casasola resaltó que es importante que el país cuente con una encuesta nacional de victimización que permita conocer con más precisión los delitos que afectan a la población, cuántas víctimas denuncian y cuáles son las razones para no hacerlo.
El investigador afirmó que este tipo de medición debería repetirse periódicamente para evaluar si las políticas de seguridad funcionan y conocer los cambios en la incidencia delictiva y en la confianza ciudadana.

La última que se realizó fue entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, cuyos resultados se presentaron hasta mayo de 2021.
Casasola también destacó la importancia de avanzar en el control del sistema penitenciario, ya que señaló que estimaciones sitúan entre el 70% y el 80% de las extorsiones como delitos coordinados desde las cárceles.


