Diputados no ven condiciones para votar reformas constitucionales junto con las elecciones del 2027
La Corte de Constitucionalidad ordenó suspender provisionalmente el trámite de la propuesta presentada por Poder Ciudadano y verificar las firmas que la respaldan.
La posibilidad de incluir una papeleta adicional para consultar a los ciudadanos sobre las reformas constitucionales al sector justicia durante las elecciones generales del 2027 se complica ante la falta de interés y de condiciones políticas en el Congreso.
Así lo consideran analistas y diputados, quienes consideran que la cercanía del proceso electoral y las aspiraciones de reelección de los legisladores dificultarán que la propuesta avance.
El diputado Orlando Blanco, cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso, considera que las elecciones generales del 2027 habrían sido el momento propicio para efectuar una consulta popular sobre las reformas constitucionales, por tratarse de un proceso de votación similar.
Sin embargo, advirtió que en el Congreso “no hay interés y tampoco condiciones” para conocer y aprobar modificaciones a la Carta Magna.
“En términos políticos yo no veo que haya interés y condiciones al interior del Congreso y me imagino que tendrá que dársele paso a la discusión de las diferentes iniciativas y ver si las mismas iniciativas pueden avanzar para que se puedan convertir en algún momento en una orden para realizar la consulta correspondiente, pero ahorita lo veo complicado”, aseguró.
Blanco considera que, durante los últimos meses del 2026 y el próximo año, los diputados concentrarán su atención en las elecciones y sus aspiraciones de reelección, por lo que la agenda legislativa quedará en segundo plano.
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó hace unos días un amparo provisional que ordenó suspender temporalmente el trámite en el Congreso de la propuesta de reformas a la Constitución presentada por la organización Poder Ciudadano.La resolución también ordenó al Legislativo verificar las firmas de más de 16 mil ciudadanos que, según la organización, respaldaron la iniciativa.
La propuesta plantea reformas al sector justicia mediante la eliminación de las comisiones de postulación, que serían sustituidas por un modelo basado en méritos profesionales, nombramientos escalonados, períodos más extensos y sin posibilidad de reelección. El cambio respondía a los conflictos de interés y las negociaciones políticas que han afectado a las postuladoras.
También planteaba retirar al Congreso la facultad de nombrar a los magistrados de las 260 salas de apelaciones cada cinco años, establecer una renovación escalonada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la CC, y separar las funciones administrativas y judiciales de la CSJ.
Tras la decisión de Poder Ciudadano de retirar la propuesta, varios diputados anunciaron que buscarían impulsarla desde el Legislativo.
En el Congreso, la propuesta cuenta con el respaldo de varios diputados, aunque su aprobación requiere el voto favorable de al menos 107 legisladores. Posteriormente, las reformas deben someterse a consulta popular, por lo que las elecciones generales del 2027 representaban una oportunidad para incluir una papeleta adicional en la que los ciudadanos decidieran sobre su ratificación.
La diputada Karina Paz afirmó que apoya las reformas porque considera necesario un “saneamiento” del sistema de justicia y transparentar los procesos, debido a que actualmente la justicia “no es accesible para los ciudadanos”.
“Esta es una propuesta que puede reflexionarse y que está abierta a la discusión y esto solo es un paso para poder debatir lo que sabemos claramente que no funciona que es el sistema cooptado de justicia”, afirmó.
Paz agregó que las reformas permitirían garantizar elecciones transparentes en el sector justicia y una carrera judicial basada en méritos, capacidad e integridad.
El diputado Manuel Archila, del bloque Cabal, también expresó su respaldo a la propuesta. “Guatemala merece instituciones solidas y un sistema de justicia en que todos podamos confiar”, aseguró.
No es el Congreso adecuado
El exdiputado y exconstituyente Roberto Alejos considera que la propuesta de Poder Ciudadano buscaba corregir aspectos de las reformas constitucionales aprobadas en enero de 1994, las cuales, a su criterio, “nunca debieron haber sido aprobadas”.
Según Alejos, los constituyentes de aquella época no previeron que “se fuera a politizar la justicia y a judicializar la política”, como considera que ocurre actualmente.
También afirmó que el Congreso actual “no es el adecuado” para reformar la Constitución, debido a la división, desintegración y pugnas entre los bloques legislativos, además de la politización que, según él, impide abordar el asunto con seriedad.
“No es el Congreso adecuado. Hay que reformar la Ley Orgánica del Congreso para fortalecer el sistema de partidos políticos y evitar que haya tantos diputados independientes, sin derechos. La forma en que el Congreso se integra no es la adecuada como para llegar a reformas constitucionales. No es este el Congreso adecuado para una reforma constitucional”, aseguró.
Alejos recordó que, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1985, Guatemala ha celebrado dos consultas populares sobre reformas constitucionales.
La primera fue el 30 de enero de 1994, cuando se aprobaron 37 reformas derivadas del denominado “Autogolpe” del expresidente Jorge Serrano Elías. Entre los cambios destacó la reducción del período presidencial de cinco a cuatro años, lo que a su vez hizo que los perídos de elección de magistrados de la CC y de la Corte Suprema de Justicia coincidieran ya en dos periodos, lo que a su criterio genera un desbalance. La propuesta se presentó en junio de 1993 y se aprobó en el Congreso en noviembre de ese mismo año por medio del Acuerdo Legislativo 18-93.
La segunda ocurrió en mayo de 1999, cuando se sometieron a consulta reformas derivadas de los Acuerdos de Paz, relacionadas con los tres organismos del Estado, asuntos nacionales y derechos sociales. En esa ocasión ganó el “No” y las modificaciones fueron rechazadas.
CC se extralimitó
El abogado y académico Óscar Morales considera que la Corte de Constitucionalidad “se extralimitó” al ordenar al Congreso verificar, mediante un estudio grafotécnico, las más de 16 mil firmas que respaldaron la propuesta de Poder Ciudadano.
A su criterio, la decisión contraviene el espíritu de la Constitución de promover la libertad, la participación y el derecho ciudadano a proponer reformas constitucionales cuando se cumplen los requisitos establecidos.
“Creo que – los magistrados de la CC – están presumiendo anticipadamente que las firmas pudieran ser ilegales, bueno que lo verifiquen, pero no se puede presumir y por medio de una presunción emitió una sentencia, eso es algo que está más adecuado para una dictadura judicial, constitucional y no para un país que se dice democrático en donde hay un derecho constitucional que se aplica todos los días”, aseguró.
Morales advirtió que la situación podría retrasar las reformas constitucionales durante varios años, aunque destacó la importancia de que los jóvenes continúen involucrados en la discusión sobre el sistema de justicia.
“Esto puede retrasar el tema de las reformas constitucionales por lo menos cinco o seis años verdad. Pero por otro lado también deja el mensaje positivo de que la juventud siga entendiendo cómo funciona el sistema de justicia en Guatemala y que siga haciendo esta lucha por hacer las reformas que se requieren como sociedad y también saber cómo el sistema los va a obstruir permanente, pero eso no quiere decir que se desmotiven”, concluyó Morales.