Esteban Toc Tzay, de 61 años, exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, fue capturado el jueves 28 de agosto en la Cumbre de Alaska, cuando se dirigía a la capital para recibir tratamiento médico, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC).

Toc Tzay es señalado por terrorismo, sedición y otros tres delitos, mientras que autoridades indígenas han denunciado criminalización de sus líderes.

Este viernes 5 de septiembre, la Alcaldía Indígena de Sololá organizó una manifestación en rechazo a la detención de Toc.

Según medios locales, la manifestación partió del caserío Santa María y culminó en el parque central de Sololá.

Los manifestantes portaban pancartas con la consigna: “Libertad para Esteban Toc”. Además, colocaron banderas negras con blanco y la imagen de Toc como parte de la protesta.

El exdirigente es señalado por su participación en las protestas de 2023 contra las acciones del Ministerio Público (MP) hacia el partido Movimiento Semilla, con el cual Bernardo Arévalo ganó la Presidencia.

“La colocación de las banderas negras fue una decisión de la asamblea celebrada el 1 de septiembre, cuando los alcaldes comunitarios de las 84 comunidades manifestaron que no hay nada que celebrar. No hay libertad, no hay independencia”, publicó la Alcaldía Indígena en su página de Facebook.

Ese mismo día, la organización indígena emitió un comunicado titulado: “Condenamos la criminalización del Ministerio Público en contra de las autoridades indígenas”.

También se refirieron a los casos de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes también enfrentan proceso legal por las manifestaciones de 2023.

“Las Autoridades Indígenas de los Pueblos Maya y Xinca de Guatemala condenamos enérgicamente la detención arbitraria de nuestros hermanos Esteban Toc, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes prestaron servicio comunitario en la Alcaldía Indígena de Sololá y la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán en el año 2023, respectivamente. Nuestros hermanos cumplieron un mandato delegado por nuestras comunidades y no son delincuentes, por lo tanto, no deben estar detenidos en una prisión”, argumentaron en el comunicado.

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Agregaron: “Exigimos al Organismo Judicial que libere a nuestros hermanos y a los jueces que no se presten a las actuaciones ilegales del Ministerio Público”.

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