El presidente Bernardo Arévalo anunció en cadena nacional lo que calificó como un nuevo intento de golpe de Estado, pidiendo incluso la ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA) para preservar el sistema democrático.

La solicitud del mandatario se da tras un fallo del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, quien ordenó declarar la nulidad de todo lo relacionado con Movimiento Semilla.

El Organismo Ejecutivo y los 23 diputados oficialistas advierten que el fondo de esa resolución es desconocer la adjudicación de cargos, y junto a algunos abogados independientes, solicitaron el apoyo de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Pero pese a los riesgos que podría ocasionar la resolución de Orellana, la Corte que preside la magistrada Leyla Lemus no ha programado la discusión de recursos legales que buscan reconfirmar los resultados electorales del 2023.

La diputada oficialista Andrea Reyes, y el abogado constitucionalista Edgar Ortiz, presentaron memoriales a la CC con el fin de que se emitan nuevas instrucciones para mantener los resultados electorales.

Solicitaron una debida ejecutoria a una sentencia de amparo a favor de un grupo de ciudadanos, que hace dos años consiguieron el respaldo constitucional para la transición del Gobierno.

Aunque exista ya un fallo de ese tipo en sentencia, la resolución de Orellana es contraria a esos criterios constitucionales, según Reyes y Ortiz, quienes están a la espera de conocer el criterio de la CC al momento de resolver.

Este domingo, Lemus pidió informes al Organismo Ejecutivo y al Congreso, para determinar si a la presente fecha se han respetado los resultados de las votaciones de hace dos años.

Advierte de peligro

El presidente Bernardo Arévalo envió un informe a la CC para explicar que, aunque se cuenta con el respaldo en sentencia de la Corte, la reciente resolución del juez Orellana es un peligro para el sistema democrático.

“Pretender que un juez penal puede dictar la nulidad absoluta de un partido político no afecta únicamente a sus miembros, sino a todo el sistema republicano, democrático y representativo del Estado de Guatemala”, explicó el presidente.

El mandatario reiteró que es necesario que se reafirmen las medidas que ya dictó la CC hace dos años, y así permitir el respeto absoluto a los resultados electorales.

“No solo el Ejecutivo se vería afectado, sino todos los participantes del proceso, por incidir directamente en la sumatoria de los votos realizadas por las Juntas Receptoras de Votos, la consolidación de las mismas Juntas Electorales Municipales y juntas Electorales Departamentales”, refirió.

La intención, según el análisis del gobernante, es trastocar “la integración del Organismo Ejecutivo, Organismo Legislativo, Consejos Municipales y el Parlamento Centroamericano en el período constitucional en curso”.

El presidente @BArevalodeLeon expone directamente a la @CC_Guatemala que la resolución del juez Fredy Orellana busca alterar el resultado de las elecciones generales del 2023. El informe fue entregado ayer, pero el caso no ha sido programado para discusión en la Corte. pic.twitter.com/kyLHLHJ9BU

— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 27, 2025

No profundizan

A diferencia del informe enviado por el Organismo Ejecutivo, el del Congreso no profundiza en los alcances que podría tener la resolución del juez Orellana, a pesar de que a ellos como organismo de Estado se les notificó de la resolución.

El Legislativo cumplió con la entrega de su informe a la CC este domingo a las 20.25 horas, añadiendo una voluminosa cantidad de expedientes relativos a actas de sesiones de comisión permanente previó al cambio de gobierno, actas de sesiones del 14 de enero del 2025 y la actual integración del quorum legislativo.

En el documento, el parlamento se enfoca en decir que a la fecha se ha cumplido con la resolución de la CC y que fueron notificados de la orden del juez, haciendo una trascripción de la misma sin ningún tipo de análisis o valoración.