En el análisis de ALas845 se discutió sobre el tema “Aumento de homicidios y políticas de seguridad: lecciones desde El Salvador”.

Los invitados en esta oportunidad fueron, Julio Rivera Clavería, especialista en seguridad; Ronald Portillo, diputado al Congreso de la República; y Edgardo Amaya Cóbar, abogado e investigador salvadoreño especializado en justicia penal, seguridad pública y derechos humanos, con 25 años de experiencia.

Replicar el modelo salvadoreño requiere “tener todo el poder”

Según Clavería, las estructuras criminales aumentan debido a que no hay consistencia en políticas de seguridad, además que en un 40 % del país no hay presencia del Gobierno, por lo que las redes criminales son los que tienen preminencia.

“Este incremento de inseguridad se puede dar en cualquier momento. Creo que hay que hacer un esfuerzo más grande por parte de las fuerzas de seguridad. También no creo que sea un plan de ‘mano negra’ y solo es que no se ha atacado la criminalidad”, dijo al recordar la teoría del Gobierno de que la ola de violencia se trata de una estrategia para desestabilizar.

Por su lado, Cóbar señaló que se percibe “entusiasmo” por el estado de la seguridad en El Salvador, pero aseguró que “no es posible replicar ese modelo” porque ningún otro país tiene las características de ese contexto.

“En primer lugar, alguien tiene que tener todo el poder, porque en un contexto democrático existe la correlación de poderes. Además, no hay rendición de cuentas. También, se tiene que tener el control de la narrativa, ganar la batalla de quien da las buenas noticias”, señaló.

Aunque reconoció que también el país vecino ya tenía una estructura que no identifica en otros países. Mencionó capacidades de las fuerzas de seguridad y el uso de la información que se acumuló por 20 años, según destacó en declaraciones del titular del Interior de ese país.

“No tenemos el contexto de tener una presencia del narcotráfico más marcada, que además de tener pandillas se vuelve más complejo. Esta estrategia tuvo de bueno poder intervenir de manera masiva e inmediata a un grupo de actores criminales”, añadió.

Acuerdos políticos y tomar control de ciertas áreas

El legislador Portillo destacó que en primer lugar se deben aplicar estrategias de toma de control de las áreas más afectadas.

“Vemos muy pocos patrullajes combinados, despliegue de fuerza militar. La seguridad civil ya no puede dar respuesta por sí sola. Pero tampoco vemos una priorización de puntos con mayor incidencia, pues no es que todo el país esté desbordado por la inseguridad. Sin embargo, vemos una carencia de estrategia para operativizar a las fuerzas de seguridad, y eso es por la falta del Gobierno”, señaló.

El legislador añadió que existe normativa para los patrullajes combinados, y no es como en otras épocas, que estas acciones estaban prohibidas.

Clavería por su parte, analizó que en contraparte a “ostentar todo el poder” para poder realizar acciones como las aplicadas en El Salvador, se deben lograr acuerdos políticos.

“Las acciones que se pueden hacer es que los menores de edad puedan ser juzgados como adultos y que en lugar de ser presentados los criminales con juez en 24 horas, sean 72, por ejemplo. Pero el punto álgido es que los acuerdos políticos son necesarios para que se puedan hacer los cambios. Las instituciones deben tener un trabajo coordinado, sino será imposible tener resultados”, añadió.

Fuerzas de seguridad no tienen presencia en regiones

El analista salvadoreño citó que además se trata de condenar a cabecillas criminales, pues en caso contrario solo se ingresarán personas a las cárceles, pero criticó que en 3 años no ha existido ni un solo juicio.

Portillo resaltó que el Estado ha desvirtuado su papel o sus prioridades, pues la población solo busca seguridad y justicia. “Además principalmente que permita un desarrollo de forma integral en un espacio de seguridad. Se desmovilizó la presencia de las fuerzas armadas y esos grupos criminales tomaron esas áreas. Además que la pobreza no se ha atendido desde el Gobierno”, explicó.

Clavería planteó la alarma de que la inseguridad aumenta, y primero hay que entender que el narcotráfico en Guatemala es complejo. Ligado a esto, y según su apreciación, los pandilleros sobrepasan los 20 mil.

“Mínimo ha de andar por los 25 mil pandilleros, y tienen poder real en el país. Pero ¿cómo es posible, que sabiéndolo todos, no se pueda controlar en las prisiones las señales de celulares?”, finalizó.

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