La reciente negociación entre Guatemala y Estados Unidos para reducir los aranceles que habían sido impuestos unilateralmente en abril del 2025 estuvo marcada por un requisito de confidencialidad de la Casa Blanca. Esta semana trascendió que más del 70% de los productos guatemaltecos que ingresan al mercado estadounidense pasarán a tener arancel cero, y el resto continuará bajo un techo del 10%, aunque esto también estará sujeto a una posterior evaluación. Este acuerdo no solo les quita un peso a las exportaciones nacionales, sino que puede marcar un replanteamiento de la arquitectura comercial del país.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala: cerca de un 40% de las exportaciones van hacia a la Unión Americana. La variada producción agrícola guatemalteca de alta calidad tiene un punto fuerte en la cercanía geográfica y también en el aprovechamiento de otras dinámicas. Por ejemplo, la reciente incursión del aguacate Hass guatemalteco en dicho mercado marca un punto de inflexión que promueve nuevas oportunidades.

Pero, en efecto, el impacto del acuerdo va más allá del alivio arancelario: implica —por no decir obliga— una modernización regulatoria que se venía posponiendo en el país, ya sea por desidias, desfases o simples inercias burocráticas. La principal exigencia de Estados Unidos versaba sobre la eliminación de barreras no arancelarias, armonización de estándares de competitividad y el fortalecimiento del respeto a la propiedad intelectual. Por ende, no son simples compromisos diplomáticos: son condiciones mínimas para un comercio global competitivo, con exigencias de cumplimiento y transparencia. Por eso el acuerdo no marca un final, sino un principio.

Otros compromisos referentes a normas laborales y ambientales se convierten en algo más que requisitos: son criterios de oportunidad que estimulan el desarrollo de cadenas de suministro más sostenibles y dignas, lo cual constituye un factor estratégico para acceder a mercados de alto valor. El acuerdo con EE. UU. puede servir como modelo para una política comercial más visionaria y coherente: reglas claras, simplificación aduanera, ventanillas únicas y digitales eficientes, mejores certificaciones y un sistema de cumplimiento que reduzca costos y tiempos.

De hecho, uno de los reclamos iniciales ante la imposición de los aranceles era que el país ya operaba bajo esquemas como Cafta-DR; sin embargo, existían ciertos lastres que la administración Trump no tardó mucho en reclamar. Una vez asumidos y signados los compromisos, Guatemala puede y debe aprovechar la dinámica para impulsar la optimización del comercio exterior.

En la sesión del martes último, el Congreso de la República avaló un tratado de libre comercio con Corea del Sur. Ya existen entendimientos similares con otros países del mundo o bloques completos como la Unión Europea, pero este es el momento en el cual el Gobierno de Guatemala, así como el sector exportador, tienen un nuevo punto de partida para buscar otros objetivos de competitividad, mejora logística, innovación en infraestructura y, por supuesto, en generación de oportunidades de crecimiento. Más exportaciones pueden traducirse en más empleos, más inversión y, potencialmente, precios más competitivos en algunos bienes. Esta visión debe ser compartida por todo el entramado político que ya traza estrategias electorales para el 2027: no basta con pregonar metas económicas, hay que dar seguimiento a compromisos internacionales que redundan en la productividad nacional.