El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reveló que Juárez Pérez fue sometida a una cirugía de esterilización hace más de 10 años, lo que médicamente le impediría estar embarazada. Esta información fue confirmada durante una citación con diputados del bloque Viva.

A pesar de los hallazgos médicos, la familia de la mujer mantiene su versión y exige saber qué ocurrió con el supuesto bebé. La controversia creció porque la paciente presentó inicialmente una prueba de embarazo positiva de ocho semanas, presuntamente emitida por un sanatorio privado.

Según el médico que la atendió en el consultorio del IGSS en el Puerto de San José, Juárez Pérez llegó con dicha prueba y mostraba indicios de riesgo de diabetes gestacional. Por este motivo, fue remitida al hospital del IGSS en Escuintla para recibir atención especializada.

No obstante, exámenes forenses posteriores confirmaron que la mujer no presentaba signos de gestación. A pesar de ello, durante otra citación con el bloque UNE, los suegros de la paciente insistieron en que ella sí estaba embarazada.

La falta de coincidencia entre la documentación médica, los exámenes forenses y el testimonio de la familia ha generado preocupación en el Congreso. Las autoridades fueron citadas nuevamente para este miércoles, junto con el Ministerio Público (MP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para continuar con las indagaciones.

Mientras tanto, diputados de la UNE solicitaron que se active una alerta Alba-Keneth por la presunta desaparición del recién nacido, pese a que los análisis clínicos indican que no hubo embarazo. El caso sigue sin resolverse y continúa captando la atención pública.

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