Actualizar las normas contra lavado de dinero es urgente, excepto para individuos y grupos dedicados al blanqueo de capitales ilícitos provenientes de la corrupción, extorsiones, narcotráfico, contrabando, trasiego de combustibles y otros delitos. En este mismo espacio se dijo que la reciente iniciativa de reformas a la Ley contra el Lavado de Activos mostrará de qué lado están diputados y bancadas. Para nadie son secretos los nexos de varios exintegrantes de narcopartidos extintos pero transmutados en otro sello electoral, así como de adláteres con curul que se hacen los tontos útiles o, más bien, se quieren pasar de listos mediante dobles discursos: dicen una cosa, pero hacen otra, o simplemente no hacen nada.

Los datos son pasmosos, preocupantes, y deberían compeler a agilizar las reformas ya mencionadas: en solo siete meses del 2025, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), unidad de inteligencia financiera de la Superintendencia de Bancos, ha detectado y alertado sobre operaciones sospechosas por Q13 mil 101 millones, y contando; es decir, unos Q62 millones diarios. Este monto está constituido por depósitos, transferencias y manejos financieros que posiblemente estén relacionados o provengan de actividades delictivas y, por ende, pueden constituir intentos de limpiar dinero sucio.

En el 2021 y 2022 hubo extraños descensos en la cifra de denuncias de la IVE —entonces, en manos de un allegado al anterior gobierno—. Ante las presiones estadounidenses, en el 2023 se registró un repunte. Durante todo el 2024 hubo alertas por Q9 mil 133.3 millones, con lo cual el 2025 ya marca un lamentable récord. Pero el flujo de dineros ilícitos puede ser aún mayor, y justamente allí está la razón incontestable para abarcar actividades aún no cubiertas por la ley.

La IVE presenta denuncias al Ministerio Público, que se muestra especialmente agresivo en algunos casos, como el de presunto lavado contra el periodista Jose Rubén Zamora, a quien mantiene en prisión preventiva, lo cual contrasta con los magros resultados exhibidos en casos como el famoso entramado B410, de millonaria defraudación, ejecutado a través de empresas de fachada y que involucra incluso a contratistas del Estado, denunciado el año pasado por la Superintendencia de Administración Tributaria. Y eso por mencionar una situación en la cual existen registros fiscales.

Dicen que es sensato quien aprende de sus errores, pero es verdaderamente sabio quien aprende de los ajenos. Hace dos meses, el Gobierno de EE. UU. impuso sanciones a tres instituciones financieras en México, una de ellas, ligada a un asesor del expresidente Andrés López. ¿La causa? Lavar dinero para carteles de narcotráfico, declaradas organizaciones terroristas por la Casa Blanca. La ofensiva sigue y poco a poco se destapan modalidades para enmascarar estos capitales, que no son menos abyectos que los provenientes del robo, la corrupción, el amaño, los sobornos o tráficos de favores.

Esta ofensiva financiera en México ha llevado al destape de inversiones y empresas de cartón en diversos rubros, incluidos videoloterías y casinos en los que no hay casi nadie, pero generan supuestos capitales; hoteles, turicentros, agencias de viajes, constructoras, casas de cambio y de empeño, y la lista sigue. La iniciativa de reformas antilavado es urgente para monitorear otras actividades susceptibles de ser permeadas por el lavado; por lo tanto, es una estrategia de seguridad nacional, porque con mayores controles se corta el chorro financiero de grupos ilícitos y terroristas, incluidos sus alfiles y peones.