Veinticuatro días después del inicio de las manifestaciones en Santiago Atitlán, Sololá, el conflicto político continúa sin resolverse. Pese a que un recurso de amparo otorgado al alcalde Francisco Coché ordena la reapertura de la municipalidad y la continuidad de los servicios públicos, el rechazo ciudadano persiste y se ha intensificado con el pronunciamiento del propio Concejo Municipal, que declaró vacante el cargo de jefe edil.

Este miércoles 8 de octubre, la diligencia que daría cumplimiento a la resolución judicial fue suspendida debido a la ausencia del alcalde, quien promovió el amparo. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que dio seguimiento a la jornada, constató que la población se mantuvo en resistencia pacífica, mientras la tensión institucional aumentó por el desacato tácito de una de las partes al mandato legal.

Desde el 16 de septiembre pasado, vecinos de Santiago Atitlán, encabezados por autoridades ancestrales, mantienen tomadas las instalaciones municipales como medida de presión para exigir la renuncia de Coché, a quien acusan de corrupción, especialmente por la autorización de 244 líneas de mototaxis en el municipio. Según los manifestantes, dicha autorización se habría dado a cambio de beneficios económicos personales, algo que el alcalde ha negado.

La presión social llegó a un punto crítico el 7 de octubre, cuando se convocó a una asamblea comunitaria en la que participaron líderes indígenas y miembros del Concejo Municipal. En la madrugada del 8 de octubre, ese cuerpo colegiado —integrado por cuatro concejales y dos síndicos— resolvió por unanimidad declarar vacante el puesto de alcalde, atendiendo la solicitud popular.

Cronología del conflicto, según la PDH

• 15 de septiembre: La PDH inicia seguimiento del caso, tras una asamblea comunitaria donde se solicita la renuncia del alcalde Francisco Coché por supuestas irregularidades en su gestión.
• 16 de septiembre: La municipalidad es tomada por los pobladores. Ese día, autoridades ancestrales entregan más de siete mil firmas que respaldan la petición de renuncia del jefe edil. La PDH acompaña el acto.
• 6 de octubre: Se celebra una reunión entre el alcalde, el gobernador departamental de Sololá y el jefe de la comisaría local de la PNC. Informan a la PDH de la existencia de un recurso de amparo a favor de Coché, que ordena la reapertura de la municipalidad.
• 7 de octubre: En horas de la noche, autoridades ancestrales celebran una asamblea comunitaria con representantes del Concejo Municipal.
• 8 de octubre: En la madrugada, el Concejo declara vacante el cargo de alcalde. Ese mismo día, se suspende la diligencia para cumplir con el amparo debido a la incomparecencia del jefe edil. La jornada concluye sin incidentes.

Tensión sin salida

Aunque el amparo busca garantizar la prestación de servicios públicos, los comunitarios se mantienen firmes en su rechazo a Coché, y el Concejo ha tomado una postura que se distancia de la institucionalidad respaldada por el fallo judicial. La falta de interlocución directa del alcalde y la presión social dificultan una salida dialogada al conflicto.

La PDH, que ha promovido el diálogo entre autoridades y comunidad, mantiene su presencia en el municipio y exhorta a respetar los derechos humanos de todas las partes involucradas.

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