La justicia de Guatemala ha solicitado la captura de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y del exministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez Gómez, actual embajador ante el Vaticano. Ambos son señalados por presuntas irregularidades durante su trabajo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, particularmente en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht.

La orden fue emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad , la FECI, dirigida por Rafael Curruchiche.

Según el fiscal, se les imputa la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.

El Ministerio Público también anunció que solicitará a Colombia la extradición de ambos y pedirá a Interpol la emisión de una circular roja.

Durante su tiempo en la CICIG, entre 2014 y 2019, Iván Velásquez fue el comisionado encargado de liderar investigaciones de alto impacto por corrupción.

Luz Adriana Camargo, quien integró el equipo entre 2014 y 2017, fue jefa del Departamento de Investigación y Litigio. Su trabajo incluyó el impulso de protocolos para casos criminales y participación en procesos judiciales relevantes, incluyendo los que involucraron al expresidente Otto Pérez Molina.

Tras conocerse la orden de captura, el exministro Velásquez se pronunció desde su cuenta en la red social X, señalando que se trata de una persecución orquestada por —cito— “la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche”, ambos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. En respuesta, la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, lo calificó como “señor prófugo Velásquez” y defendió la legalidad de las acciones de la FECI.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, por su parte, rechazó públicamente las órdenes de captura y afirmó que se trata de un acto de carácter político, sin sustento legal nacional ni internacional. Aseguró que estas acciones violan los principios del derecho internacional y el acuerdo firmado entre Guatemala y la ONU para el funcionamiento de la CICIG.

Desde Colombia, el Gobierno también manifestó su rechazo. A través de la cancillería, expresó su “profunda preocupación” y calificó la decisión de la Fiscalía guatemalteca como una “instrumentalización de mecanismos judiciales internacionales, contraria al espíritu de legalidad y cooperación entre Estados”. Además, el presidente Gustavo Petro afirmó que estas órdenes “obedecen al crimen y no a las ciudadanías”.

Cabe destacar que en 2023 ya se había intentado una orden de captura contra Velásquez, la cual no prosperó debido a que los funcionarios de la CICIG gozan de inmunidad internacional, conforme a los acuerdos con Naciones Unidas.

Redacción: Digital