El conflicto territorial entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá, ha dejado decenas de víctimas civiles en los últimos años y ha obligado al Estado a recurrir de manera reiterada a estados de sitio, prórrogas y estados de prevención, sin que hasta ahora se haya logrado una solución definitiva.

La violencia se ha mantenido activa a través de distintos gobiernos y presidentes, con pausas temporales, pero sin un cierre estructural del conflicto.

El conflicto es histórico, de más de cien años, pero hoy en día persiste.

Incidente y respuesta del Gobierno en 2019

El primer repunte de esta etapa reciente sucedió en 2019, durante el gobierno del entonces presidente Jimmy Morales, cuando enfrentamientos armados entre pobladores dejaron al menos cuatro civiles fallecidos.

Ante esa escalada, el Ejecutivo decretó estado de Sitio y desplegó al Ejército y a la Policía Nacional Civil.

En ese período, el gobierno informó que estudios históricos, catastrales y registrales determinaron que los terrenos en disputa eran privados, aunque recordó que en 1999 ambos municipios firmaron un acuerdo de copropiedad, ratificado en 2004.

Morales entonces indicó que se presentaron tres posibles salidas al conflicto —acatar ese acuerdo, un laudo judicial-arbitral o la vía judicial— y advirtió que, de no haber consenso, se impulsaría una iniciativa en el Congreso para definir administrativamente los límites municipales.

Aunque el estado de Sitio redujo los choques de forma momentánea, la disputa territorial quedó intacta.

Conflicto recrudeció en 2020

En mayo de 2020, ya bajo la administración del presidente Alejandro Giammattei, la violencia volvió a intensificarse.

Nuevos enfrentamientos armados y bloqueos derivaron en otro estado de sitio que incluyó a Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán.

Durante ese año, los reportes periodísticos contabilizaron entre seis y ocho civiles fallecidos en distintos hechos vinculados al conflicto, sin que se registraran bajas del Ejército.

El punto más grave se produjo entre el 13 y 14 de diciembre de 2021, también bajo el gobierno de Giammattei, cuando un ataque armado en la aldea Chiquix dejó al menos 13 personas muertas —entre ellas mujeres, niños y un agente de la Policía Nacional Civil— en lo que fue descrito por medios internacionales como una masacre vinculada al conflicto territorial.

Presidente @DrGiammattei confirmo en reunión de Consejo de Ministros, que solicitó la aprobación de un Estado de Sitio para imponerlo en la región de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, con el fin de instaurar el orden. Foto Elmer Vargas. pic.twitter.com/GuZfhoyzv5

— Prensa Libre (@prensa_libre) December 20, 2021

Ese mismo día, el Ejecutivo decretó estado de Sitio para tratar de contener la escalada, posteriormente prorrogado en enero de 2022.

El despliegue militar permitió contener la violencia durante algunas semanas, pero, una vez levantada la medida, el conflicto volvió a reactivarse de forma intermitente.

En julio de 2022, hubo otro reporte de ataques cruzados, aunque no se reportaron fallecidos, ni el gobierno tomó otras medidas extraordinarias.

A mediados de agosto de ese mismo año, los comunitarios de Nahualá,bloquearon durante una semana el paso en el kilómetro 157 de la ruta Interamericana como una medida de presión para que el Gobierno aplicara los acuerdos alcanzados y ponerle fin al conflicto limítrofe. Hubo mesas de diálogo, pero nuevamente a futuro se repitieron los incidentes.

Nuevo choque en 2025

Ahora, en 2025, bajo la administración del presidente Bernardo Arévalo, un nuevo repunte de ataques armados obligó al Gobierno a decretar estado de prevención y reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad.

El 11 de diciembre pasado,cuatro soldados resultaron heridosdurante otro enfrentamiento armado, militares que realizaban operativos de seguridad quedaron atrapados en un cruce de fuego; uno de ellos fue trasladado vía aérea a la capital por la gravedad de sus heridas.

Dos días después, el 13 de diciembre, se registraron más choques violentos.

Los hechos han sido descritos por los pobladores de las dos comunidades como parte del enfrentamiento por la disputa territorialy que los disparos dejaron al menos 12 muertos y unos 17 heridos, razón por la que hubo bloqueos en la ruta Interamericana.

Mientras que el Gobierno, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, sostiene que se trató de un ataque de grupos del crimen organizado contra un destacamento del Ejército y una estación de la PNC, y que la intervención militar tuvo un carácter preventivo y de protección, lo que derivó en la declaratoria de estado de Prevención por 15 días.

Según el Ejecutivo, además del histórico conflicto territorial, existe infiltración de grupos del crimen organizado, señalando el uso de armas de alto poder en los enfrentamientos.

No obstante, la advertencia sobre la participación de estructuras criminales no es nueva. En gobiernos anteriores también se había mencionado la posible presencia de actores externos durante los episodios de violencia en esa región, sin que esas alertas se tradujeran en una solución definitiva.

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A más de seis años del primer estado de sitio de esta etapa, el balance sigue siendo que la mayoría de víctimas son civiles, que las medidas excepcionales solo han contenido temporalmente los enfrentamientos, y el conflicto continúa sin resolverse.

*Cifras aproximadas según reportes oficiales y periodísticos.