En Guatemala, la cantidad de partidos políticos presentes en el escenario electoral ha alcanzado cifras notables. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, actualmente existen 13 comités activos que buscan formar nuevos partidos. En las elecciones más recientes, participaron hasta treinta partidos habilitados para presentar candidaturas, y para la presidencia y vicepresidencia se registraron veinticinco binomios, de los cuales cuatro fueron descalificados.

Esta situación contrasta de forma significativa con lo que suele observarse en democracias liberales consolidadas. En estos sistemas, el número de partidos relevantes rara vez supera los cinco, y en casos como el de Estados Unidos, la competencia se limita a solo dos. Cada uno de estos partidos representa una de las principales corrientes ideológicas contemporáneas, como el comunismo, en su versión democrática; la social democracia, los movimientos verdes, posturas de centro —a veces inclinadas levemente al intervencionismo económico a veces privilegiando el mercado— y la derecha extrema, que puede adoptar tendencias libertarias, conservadoras o neofascistas. Generalmente, no hay más de un partido por cada gran corriente, ya que la fragmentación implica una dilución de la base de votantes; aunque existen ocasiones en que se producen divisiones internas.

Frente a este panorama, surge la pregunta de por qué en Guatemala existe tal proliferación de partidos. Una posible explicación es que la política nacional ha dejado de estar centrada en ideologías. La competencia ya no se basa, salvo excepciones, en la defensa de proyectos sociales, democráticos o liberales claramente definidos. El objetivo principal parece ser el acceso a espacios de poder, ya sea a nivel nacional, departamental o local. Ese acceso permite gestionar fondos públicos, influir en oportunidades de negocios y traficar cuotas de poder para diferentes intereses.

Esta multiplicidad de partidos es, en última instancia, reflejo de un problema medular mayor: la corrupción. Esta se ve favorecida por instituciones de justicia débiles, susceptibles de manipulación y falta de independencia, lo cual es perceptible para la ciudadanía. Así, la abundancia de partidos no responde tanto a una vitalidad democrática, sino a síntomas de disfuncionalidad y oportunismo en el sistema guatemalteco.

Si no fuese así, es decir, si la corrupción no fuese el magneto que atrae a tantos “empresarios de la política” a incursionar en sus tempestuosas aguas, ¿qué pudiera explicar esa incesante eclosión partidaria? No digo que todos los comités pro-formación de un partido político ni que todos los existentes sean meros “brokers” de poder y de los presupuestos públicos. A lo largo de los años he conocido de algunos proyectos que, hasta donde he podido conocer y constatar, planteaban un proyecto socioeconómico para el desarrollo del país basado en alguna ideología. Sin embargo, en la actualidad es casi imposible entender, salvo raras excepciones, en qué punto del espectro ideológico se ubica cada organización política.

Si los fenómenos de corrupción enfrentaran un aparato de control administrativo y financiero, de persecución legal y enjuiciamiento eficaces, convirtiendo la gestión de presupuestos públicos y el ejercicio del poder en instrumentos aptos para su naturaleza esencial, es decir, para procurar el bien común de acuerdo con alguna visión ideológica preferida por la mayoría de los ciudadanos al acudir a depositar su voto, dudo mucho que hubiera la multitud de partidos políticos que, como queda visto, nunca parecen suficientes. Es otra de las razones por las cuales hay que comenzar por la reforma constitucional de la justicia.