Desde hace un año y medio, más o menos, se pusieron de moda las fiscalizaciones realizadas por los diputados que, previeron participar en las pasadas elecciones para pedir el voto de la ciudadanía y que se les reeligiera por otros cuatro años en el Congreso.

Diputados mujeres y hombres, variopintos, prepotentes, abusivos, actuando como si fuesen pretores romanos, utilizaron las redes sociales para darse a conocer ante la población como los ángeles guardianes del fisco nacional; humillando a trabajadores medios que respondieron ante la cobarde ausencia de sus jefes inmediatos, pues ellos, los diputados, durante más de dos y tres años únicamente se circunscribieron a recibir el magnífico “sueldo” que se les pagó por hacer nada, porque en realidad, no legislaron leyes que hayan favorecido a la población en general.

Los diputados fiscalizadores se encontraron con funcionarios y empleados reacios a proporcionar información respecto a las actividades de contratación de servicios y plazas vacantes y fantasmas; es decir que, hubo un interés manifiesto en restringir la información a pesar de ser un deber proporcionarla; la obligación de hacer pública la información oficial está vigente, pero, imitando a las autoridades centrales, hubo silencio, amenazas y mensajes que limitaron la acción fiscalizadora. 

Así mismo, en el organismo ejecutivo, es decir, en la administración pública, lamentablemente, se puede decir que no hay institución gubernamental ni municipal que se salve de haber sido objeto de asaltos, robos, hurtos, apropiaciones indebidas, sujetos pasivos de contratos leoninos y simulados en beneficio de particulares especialmente del ramo de la construcción, la electricidad, telefonía, televisión, bancarios, mineros, petroleros y muchos más.

La lectura negativa que esto nos deja, significa que a pesar de tratarse de un deber institucional, las dependencias incumplen y pretextan evadir su deber y a persistir en la resistencia pasiva o hasta frontal; la postura es denegar la información, ya sea declarando inexistente la información que deben tener o aduciendo que no le toca a esa dependencia la temática de que se trate, cuando es a todas luces inexacta o hasta francamente falsa, o simplemente entregan menos de lo solicitado y ya con eso intentar que los solicitantes desistan por frustración.

En el organismo judicial causa vergüenza ajena los fallos que distintos jueces y magistrados emiten en un claro favoritismo político-económico para los procesados que han sido expuestos públicamente como los responsables jurídicamente de los actos ilegales realizados y que, a la vista de la población y la ley, ahora son reconocidos como vulgares ladrones, pues ahora utilizan vestidos de seda, trajes importados y vehículos último modelo.

En Guatemala, la trayectoria del modelo de partido político ha sido en esencia la misma; los partidos de cuadros y los que nacieron sabiendo que van a morir en las próximas elecciones, y, sobre todo la cartelización de los partidos políticos para acceder al poder los dejó desnudos ante la población como lo que ya eran: puros cascarones vacíos.  

El rechazo social y la inexistencia de principios y programas, así como el abandono de la actividad política para ser mediadores con la representación de los intereses populares, más la búsqueda inescrupulosa de las cúpulas para apropiarse de los bienes públicos y de los espacios de representación en el Estado, haciendo alianza con los dueños del capital a través de la corrupción e impunidad, revelaron su verdadera naturaleza de existir.  Por tanto: partidos políticos y funcionarios están estigmatizados en la sociedad como DELINCUENTES POLÍTICOS.