Después de seis años desde que se informaran de los señalamientos en contra del exdiputado Juan Pablo Urrea, por su posible vinculación al caso Asalto al Ministerio de Salud, finalmente, este miércoles 23 de julio el exparlamentario fue citado al Juzgado de Mayor Riesgo D para enfrentar audiencia de primera declaración.

De acuerdo al Ministerio Público (MP), Urrea habría ejercido influencia sobre el fallecido exministro de salud, Jorge Villavicencio, para beneficiar a dos personas allegadas suyas, una por el cual buscaba una contratación y otra, prima suya, para que fuera llevada a un puesto permanente de trabajo con un aumento de sueldo.

Aunque la defensa de Urrea trato de desvanecer la imputación hecha por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), al asegurar que no se solicitaron tales beneficios o que se pudiese constatar que existieron las contrataciones presuntamente solicitadas, la jueza Abelina Cruz señaló que de todos los indicios presentados por la fiscalía, dos de ellos son clave para entender la posible participación del exdiputado.

#AhoraLH | El Ministerio Público solicita al Juzgado de Mayor Riesgo D que ligue a proceso penal al exdiputado Juan Pablo Urrea al delito de tráfico de influencias dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud.

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— Diario La Hora (@lahoragt) July 23, 2025

Según explicó la juzgadora, existe una petición para la renovación de un contrato para un trabajador del Ministerio de Salud, que está firmada por el exparlamentario, pero la prueba de mayor contundencia, es una carta, supuestamente de recomendación, en la que se habla de la influencia de Urrea.

De acuerdo al contenido de la misma, la trabajadora del ministerio se identifica como prima de Urrea, pues expresamente le manifestó a Villavicencio que se dirigía a por parte del «diputado Juan Pablo Urrea», constando firmas en el documento.

Aunque la defensa asegura que es una carta enviada por la prima de este y no hecha por el mismo Urrea, la juzgadora señaló que los indicios señalan de conversaciones anteriores que este pudo haber tenido con Villavicencio para el traspaso a un puesto de mayor rango económico para su familiar, por lo que el hecho debe seguir siendo investigado.

Además, la jueza Abelina Cruz Toscano resuelve que el señalado debe ir a firmar al juzgado de turno de Mixco cada 30 de mes y una caución económica de Q20 mil.

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Por tal motivo, Urrea quedó ligado a proceso penal por el delito de tráfico de influencias y fue beneficiado con una medida sustitutiva que consiste en arresto domiciliar, arraigo y el pago de una caución económica de Q20 mil la cual tiene que pagar en un plazo no mayor a 48 horas o de lo contario deberá ser conducido a prisión preventiva.

El MP tiene un plazo de cinco meses para concluir la investigación en su contra.