El Instituto Nacional de Estadística (INE) define la pobreza como una situación en la que los hogares no logran reunir los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del 2023, solo el 44.0% de la población se considera no pobre, mientras el 56.0% de población se encuentra en condición de pobreza: 39.8% en pobreza no extrema y 16.2% vive en pobreza extrema. La línea de pobreza extrema representa el costo mínimo para cubrir las necesidades alimentarias.

La línea de pobreza total corresponde a la línea de pobreza extrema más el costo de consumir un mínimo de bienes y servicios no alimentarios. Las personas que se clasifican como pobres no extremos, logran cubrir el mínimo alimentario, pero no el mínimo de consumo en educación, salud, transporte, entre otros.

Conforme a la ENCOVI, seis de los 22 departamentos muestran porcentajes de población en situación de pobreza por arriba del 70%: Alta Verapaz (83.1%), Sololá (80.9%), Totonicapán (77.5%), Quiché (74.7%) y Chiquimula (70.6%). Por debajo del 50% del nivel de pobreza solo están Sacatepéquez (41.1%) y Guatemala (33%).

El éxito de los gobiernos locales, regionales y nacional es clave para que el sector público establezca y mantenga las condiciones que favorezcan la inversión y el empleo, brindando servicios públicos de calidad; infraestructura social y productiva; salud y educación; seguridad y justicia. Para cumplir con sus objetivos, el Estado necesita de los tributos actuales y futuros (para pagar la deuda pública), que obtiene del fruto del trabajo de la población, trabajadores y empresarios, que representan al sector privado.

Por tanto, ambos sectores, público y privado, se complementan y son interdependientes.
Sabemos que la creación de empleo es una de las maneras más eficaces de reducir la pobreza y aumentar la prosperidad. Además de ser una fuente sana de ingresos, el empleo brinda a las personas un sentido de dignidad y propósito. A nivel global, en la próxima década, según previsiones del Banco Mundial, 1200 millones de jóvenes alcanzarán la edad de trabajar, pero solo se crearán alrededor de 420 millones de puestos de trabajo. Esto dejará a cientos de millones de jóvenes sin un camino claro hacia el empleo, con consecuencias de amplio alcance social y para el desarrollo.

El sector público solo puede crear o mantener empleos, si dispone de los recursos provenientes del sector privado, que obtiene por medio de impuestos, tasas y contribuciones. Y como la carga tributaria en Guatemala no alcanza ni el 15% del Producto Interno Bruto (y siempre será un porcentaje de este), es el sector privado el llamado a crear y mantener el empleo, como sucede en la mayoría de las economías; salvo en aquellas, muy escasas, en que el único propietario de todos los medios de producción es el Estado

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Sin inversión privada difícilmente pueden generarse los puestos de trabajo necesarios para cubrir la demanda de empleo en el país. Se considera que cada año alrededor de 200 mil guatemaltecos se incorporan a la población económicamente activa (que se estima en 7.4 millones, de los 18.3 millones de habitantes); además, el 59.6% de la población es menor de 30 años. Un 70.3% de la población ocupada está en el sector informal, mientras que la población ocupada en el sector formal, afiliados al seguro social, apenas ronda los 1.7 millones. Lamentablemente, la economía formal no es capaz de crear ni la sexta parte de los empleos que se necesitan. En otras palabras, sin más inversión no habrá más empleos.