Luego de la salida definitiva de la empresa Perenco del bloque petrolero en el Parque Nacional Laguna del Tigre, diversas áreas de la infraestructura quedaron sin resguardo. Esto permitió que unas 250 personas, en su mayoría familias de escasos recursos, ocuparan zonas clave como el caserío Nuevo Cobán, en Sayaxché, y el pozo Yalcanix, en el municipio de La Libertad.

Desde el 12 de agosto, cuando venció oficialmente el contrato entre el Estado de Guatemala y Perenco, se reportan ocupaciones ilegales en puntos estratégicos de oleoductos y pozos. En los terrenos se han instalado refugios improvisados, se observa tala de árboles y alteraciones en estructuras de operación.

Ante estos hechos, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) emitió un comunicado en el que expresó su “total desacuerdo con las ocupaciones ilegales en el área antes ocupada por la empresa Perenco”, al considerar que estas representan “múltiples riesgos sociales, económicos y ambientales” y “comprometen además la seguridad de los guatemaltecos de la zona”.

La organización empresarial advirtió que la presencia de personas en esos terrenos “pone en riesgo la integridad de la infraestructura y obstaculiza un cierre técnico que requiere manejo especializado”. También subrayó que “corresponde al Gobierno garantizar un cierre ambientalmente responsable”.

Finalmente, la CIG instó a las autoridades a actuar de inmediato: “Exigimos a las autoridades competentes implementar de inmediato las medidas necesarias para proteger el área, resguardar la infraestructura, restablecer el orden y sancionar, conforme a la ley, a quienes cometan estos actos ilegales”.

Justifican invasiones

Las familias que ocupan el área argumentan que necesitan tierras para vivir y cultivar. Autoridades locales han confirmado que se presentaron denuncias y se ha iniciado un proceso de diálogo con los ocupantes para evitar mayores conflictos.

Las zonas afectadas forman parte de la infraestructura petrolera que operó Perenco durante más de dos décadas en una de las áreas naturales más sensibles del país.

Perenco, empresa de origen franco-británico, comenzó a operar en Petén en 2001, bajo condiciones controvertidas, al explotar un bloque ubicado dentro de un área protegida. A lo largo de los años, el contrato fue objeto de múltiples acciones legales y señalamientos por parte de organizaciones ambientalistas, debido a los riesgos ecológicos y sociales.

Tras la finalización del contrato, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) asumieron el control del área con el objetivo de ejecutar un cierre técnico. Sin embargo, la falta de resguardo inmediato provocó un vacío operativo que ahora enfrenta consecuencias legales, sociales y de gobernabilidad.

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