La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó firme este martes el fallo judicial que ordena cerrar el caso contra un grupo de militares retirados; entre ellos, altos mandos acusados de la desaparición forzada de 556 personas entre 1982 y 1988, durante el conflicto armado interno (1960-1996).

La  CC rechazó los recursos que el Ministerio Público (MP) presentó para evitar el cierre del caso y, con este fallo, confirmó los beneficios para los militares implicados.

Entre los favorecidos están el general Benedicto Lucas García, quien se encuentra cumpliendo una sentencia de más de 30 años de prisión por otro caso de crímenes de guerra, y es hermano del fallecido dictador Romeo Lucas García (1978-1982).

Los otros seis militares beneficiados son Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Juan Ovalle Salazar.

El caso por el que estaban acusados es por la desaparición forzada más grande del continente. Sus restos fueron hallados distribuidos en 82 fosas dentro de un cementerio clandestino que hoy ocupa el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de la Paz (Creompaz).