El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), publicó un comunicado este 19 de diciembre de 2025, en el cual rechaza el reciente incremento al salario mínimo 2026 en Guatemala.

El presidente Bernardo Arévalo anunció un incremento de 7.5% para el salario mínimo de no agrícola, 5.5% para la agrícola, y 4% para la actividad exportadora y de maquila, en todos los casos para ambas circunscripciones económicas, que entrará en vigencia el 1 de enero del 2026.

Ante esta situación, el Cacif se pronunció y rechazó este incremento.

“Rechazamos el incremento recientemente decretado, ya que carece de sustento técnico y desatiende los efectos negativos que genera sobre el empleo, la formalidad y la competitividad, se lee al inicio del documento.

Agrega que el sector privado organizado “participó de forma responsable y propositiva” en el diálogo sobre el salario mínimo, que presentaron propuestas diferenciadas por región, sustentadas en análisis técnicos y en la realidad productiva del país.

“El aumento, al no contar con una base técnica suficiente, debilita la generación de empleo formal y agrava el problema estructural de la informalidad en el país, que ya alcanza a más de 5 millones de guatemaltecos (cerca del 70% de la población económicamente activa)”, se lee en el comunicado.

Señala que miles de trabajadores podrían verse forzados a migrar del empleo formal al informal y que eso estará afectando a sus familias al perder acceso a prestaciones y a la seguridad social.

Los más afectados

“Durante 2025, esta decisión rompió la tendencia de recuperación del empleo formal, evitando la creación de aproximadamente 40,000 puestos de trabajo. El incremento para 2026 profundiza esta situación y cierra oportunidades de empleo, especialmente para jóvenes”, se lee en la información.

Según el documento, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que representan ocho de cada diez empresas afiliadas a CACIF y sus cámaras, serán las más afectadas, pues se pone en riesgo su sostenibilidad y su capacidad de generar empleo.

“En un contexto de inseguridad, deficiencias en infraestructura, demoras portuarias y exceso de trámites, este aumento, al no considerar este entorno adverso, agrava la pérdida de competitividad del país. Guatemala necesita una política salarial integral, alineada con la productividad y la competitividad, que reduzca la informalidad, amplíe la cobertura de seguridad social y brinde previsibilidad a la generación de empleo formal”, señala el Cacif.

Finaliza asegurando que el incremento al salario mínimo para el 2026 “no responde a criterios técnicos y pone en riesgo la generación de empleo formal y la estabilidad económica del país”.

Otras reacciones

Luego del anuncio del incremento de entre 4% a 7.5% al salario mínimo para el 2026 efectuado por el presidente, Bernardo Arévalo, los sectores empresarial y laboral discrepan por el nuevo ajuste.

Cámara de Industria: rechaza aumento

El sector industrial rechazó el incremento al salario mínimo para el 2026, según la postura institucional emitida por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) mediante un comunicado.

La CIG calificó el aumento como “una decisión política disfrazada de protección social” y afirmó que está desconectado de la productividad y de la realidad del país. Además, considera que castiga el empleo formal, cierra oportunidades y profundiza la informalidad que ya predomina en el país.

Agregó que se afectará a más de 218 mil micro, pequeñas y medianas empresas activas, ya que se mantiene un salario mínimo elevado en relación con su baja productividad, lo cual encarece los costos laborales y dificulta la contratación. Insiste en que se ha desacelerado el empleo formal.

Camagro: no guarda proporción

El ajuste de incremento al salario mínimo decretado para el sector agropecuario, de 5.5%, no guarda proporción con su crecimiento económico estimado en 1.8% ni con la capacidad real del sector para absorber mayores costos laborales, señaló Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro).

Además, al considerar el efecto de las prestaciones obligatorias, el impacto efectivo es significativamente mayor, de casi 8%, en un contexto marcado por altos costos logísticos derivados del deterioro vial y la congestión portuaria, agregó.

“Como Cámara del Agro reiteramos nuestro compromiso con la observancia de la ley y seguiremos promoviendo la formalidad laboral del sector agrícola. No obstante, advertimos que decisiones salariales que no reflejan la realidad productiva del campo dificultan la generación de empleo formal y perpetúan la brecha entre la economía formal e informal”, expresó la ejecutiva.

Maquila y exportación: evitará desempleo

Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles de Guatemala (Vestex), comentó que la decisión de incrementar 4% el salario mínimo para el sector de actividad exportadora y de maquila le parece positiva, porque demuestra que el mandatario apoya las exportaciones.

La califica como “una decisión valiente del presidente, porque ha tenido muchas presiones de diversos sectores para que estableciera un porcentaje más alto”, pero que con el incremento en el nivel aprobado “se salvan muchísimos empleos”.

Considera que la decisión está basada en indicadores de productividad e inflación y en la situación que enfrentan las exportaciones, por lo que la califica como una decisión correcta.

El 4% es un poco más alto que el porcentaje que había propuesto el sector: 3.5% para la CE1 y 2% para la CE2; sin embargo, aún está dentro de los rangos de la fórmula que consideran necesaria para hacer ese tipo de estimaciones.

Es necesario tomar en cuenta la capacidad de pago de las empresas, pero también que el trabajador no pierda su capacidad de compra, agregó Ceballos.

Sector laboral: muy bajo respecto de lo esperado

Ante la decisión del Gobierno, Franky Pozuelos, representante del sector laboral en la Comisión Nacional del Salario (CNS) y dirigente sindical, comentó que el sector esperaba un porcentaje semejante al del año pasado, del 10%, e igual para todas las actividades productivas y para ambas circunscripciones.

“Vemos con buenos ojos que el asunto de las circunscripciones haya quedado semejante para cada actividad; eso es un avance importante. En lo que hay discrepancia es en el porcentaje asignado a cada actividad económica, pues existen elementos que permiten demostrar la necesidad de mejorar los porcentajes tanto en las actividades agrícolas como en las exportadoras y de maquila”, expresó Pozuelos.

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