El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), incluso tras la orden judicial emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), mantiene las medidas de hecho y el campamento que instaló en la Plaza de la Constitución y alrededor del Palacio Nacional de la Cultura.

Las tiendas de campaña del STEG, aunque son una representación de la protesta que ejercen los afiliados liderados por Joviel Acevedo, también ha implicado que por casi dos meses maestros se ausenten a sus aulas, paralizando el derecho a la educación de al menos 5 mil centros educativos alrededor del país.

Esta resolución de la Corte de Constitucionalidad se suma a los amparos provisionales que han sido otorgados a la Procuraduría General de la Nación (PGN), o también a la sentencia que fue emitida por el Juzgado Quinto de Trabajo.

El fallo de la CC ordena a la organización sindical cesar de inmediato «las amenazas de medidas de hecho relacionadas con el cierre, ocupación y permanencia dentro de las Direcciones Departamentales de Educación de la República de Guatemala».

El alto tribunal en materia de la Constitución no solo les ordenó revocar toda acción que impida el derecho a la educación, también les negó un amparo interpuesto por la dirigencia del STEG.

CC niega apelación a dirigencia del STEG de Joviel y ordena cese de medidas de hecho

Principalmente en Huehuetenango e Izabal, se han visto los resultados de las medidas de presión del Sindicato, aunque las autoridades, tanto el presidente Bernardo Arévalo, como la ministra de Educación, Anabella Giracca, han sido enfáticos en que el número de centros educativos cesados se ha recuperado poco a poco desde el 19 de mayo que inició la asamblea permanente.

Este martes 15 de julio aún se está a la espera de que el Ministero Público (MP) continúe con las investigaciones, como podría ser un acto de «desobediencia» por la dirigencia del STEG.

El ente investigador, dirigido por Consuelo Porras, no muestra avances de las diligencias que lleva adelante para determinar las responsabilidades legales de los dirigentes magisteriales, que han incumplido las órdenes de los órganos de justicia.

«Denuncia recibida, denuncia investigada», dice Porras, pero sin pruebas de avances en caso contra STEG