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CIDH exige acelerar procesos contra Jose Rubén Zamora para que recupere su libertad
La CIDH ve con preocupación cómo las audiencias del periodista Jose Rubén Zamora son aplazadas, y muestra de ello es que una fue programada para el 23 de septiembre del 2025.
Justicia
Jose Rubén Zamora enfrenta señalamientos del Ministerio Público por varios casos. (Foto: Hemeroteca PL)
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los retrasos en los procesos penales contra el periodista Jose Rubén Zamora, preso desde julio de 2022.
La RELE remarca su preocupación porque la dilatación de los procesos contra el fundador de elPeriódico lo mantienen en prisión preventiva, por lo que urge a las autoridades judiciales a actuar con celeridad para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en debido proceso y libertad de expresión.
Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022 y enfrenta tres procesos penales por presuntos delitos de lavado de dinero, obstrucción a la justicia y uso de documentos falsificados, según describe la RELE.
Un comunicado de la RELE refiere que Zamora permanece en prisión preventiva debido al segundo proceso por obstrucción a la justicia y, según registros públicos, la audiencia para decidir si enfrentará juicio en este caso ha sido reprogramada en al menos siete ocasiones, sin que se haya fijado una nueva fecha para su celebración.
Además, señala que en el marco del proceso por supuesto lavado de dinero, se conoció que el 15 de mayo de 2024, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal concedió la prisión domiciliaria a Zamora.
“En su resolución, el Tribunal destacó que la prisión preventiva debe ser considerada una medida excepcional, de acuerdo con los estándares internacionales. Las condiciones de la prisión domiciliaria incluyen la prohibición de salir del país, la obligación de firmar periódicamente ante el Ministerio Público, restricciones en la comunicación con otros implicados y el pago de Q30 mil. El 26 de agosto, el Tribunal reafirmó esta decisión, tras la revocación de su fallo inicial por parte de la Sala Segunda de Apelaciones de Ramo Penal el 12 de junio pasado”, señala el comunicado.
Añade que, en ese proceso, la RELE también tuvo conocimiento de que una sala de Apelaciones anuló la condena de 6 años por lavado de dinero en octubre de 2023 y ordenó un nuevo juicio; sin embargo, la audiencia de casación, que establecerá los términos de esta repetición, fue aplazada hasta el 23 de septiembre de 2025.
Recalca que a principios de mayo pasado la RELE alertó sobre la permanencia de la prisión preventiva de Zamora y solicitó al Estado informes periódicos sobre:
- Los motivos por los que se mantiene la restricción de la libertad del periodista José Rubén Zamora
- Cómo se satisfacen las condiciones de razonabilidad del plazo, de conformidad con los estándares interamericanos en la materia
- La razón judicialmente establecida por la que no existiría una alternativa menos lesiva para garantizar el avance de los procesos penales
- Cuándo se realizará una revisión de la medida de prisión preventiva y se dictará una sentencia definitiva en cada uno de los procesos que se siguen en su contra.
Añade que en esa oportunidad el Estado de Guatemala solo proporcionó información general sobre el estado procesal de los casos penales y los cargos abiertos en su contra, además de las condiciones de su detención.
“La RELE enfatiza que la privación preventiva de libertad, como medida cautelar y no punitiva, debe ser excepcional y respetar los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática”, dice la RELE.
Además, el documento señala que durante su reciente visita a Guatemala, la CIDH y su RELE recibieron quejas sobre periodos de tiempo en que Zamora habría sido detenido en condiciones inhumanas.
“También se alegó graves afectaciones al debido proceso, incluyendo el uso prolongado de la prisión preventiva, hostigamiento a sus abogados, restricciones al derecho de defensa y aplazamientos injustificados en sus procesos”, refiere el documento.
La RELE detalla que, pese a que Zamora ha permanecido más de 800 días preso, la información aportada por el Estado sobre la vigencia de la prisión preventiva es insuficiente.
“La Relatoría Especial aún no ha recibido información sobre las razones que justifican mantener su restricción de libertad ni sobre la revisión de las medidas vigentes. Por ello, la RELE pide al Estado agendar inmediatamente las audiencias respectivas asegurando que en ellas se tomen determinaciones con respecto a la vigencia de la prisión preventiva”.
Además, urge a las autoridades judiciales de Guatemala a actuar con diligencia en los procesos penales, garantizando el cumplimiento de los estándares internacionales sobre debido proceso y libertad de expresión.
