Guatemala inicia el año con un presupuesto que no entrará en vigencia por decisión de la Corte de Constitucionalidad. El tribunal suspendió provisionalmente el Presupuesto 2026 por irregularidades en su aprobación. Como consecuencia, el país deberá operar con el presupuesto del año 2025, una solución temporal que evita un instrumento mal elaborado, que no resolvía los problemas de fondo.

El proyecto aprobado ascendía a Q163 mil 783.4 millones y podía superar los Q173 mil millones con ampliaciones preaprobadas. Más gasto, más compromisos y poca claridad sobre su destino. Está claro, Guatemala no necesita un presupuesto más grande, sino uno que funcione y responda a las prioridades nacionales.

La rigidez presupuestaria seguía siendo muy alta: por cada quetzal que ingresaba, nueve ya estaban comprometidos. Mandatos de gasto y asignaciones automáticas dejan al Estado sin margen para corregir errores o invertir donde realmente importa. Lamentable que la población continúa esperando servicios básicos que cumplan lo mínimo.

La carga tributaria tampoco avanzaba. Se estimaba una recaudación equivalente al 11.85% del PIB, por debajo del Pacto Fiscal (12%) y de las metas del Gobierno. En lugar de fortalecer la política fiscal, el proyecto incluía figuras ocultas como el bolsón de “otros impuestos”, que superaba los Q7 mil millones sin sustento técnico. Esto afecta la confianza y la credibilidad del sistema.

El Cien ha insistido en que el problema central está en el gasto. El Congreso mantiene una estructura que favorece funcionamiento y reduce la inversión. Salarios, pactos, transferencias y bienes y servicios absorben los incrementos, mientras la infraestructura estratégica continúa rezagada. Evaluaciones recientes muestran plantas de tratamiento sin operar, sistemas de agua inconclusos, escuelas deterioradas y obras sin requisitos básicos. No es falta de recursos, es falta de planificación.

A esto se suma la distribución de fondos de desarrollo sin criterios técnicos ni diagnósticos serios. Muchas obras responden a presiones políticas más que a necesidades reales. Sin priorización territorial ni estudios adecuados, los recursos se dispersan y pierden impacto.

Desde hace varios años persiste la pésima práctica de financiar funcionamiento con deuda. Aunque la ley establece que los préstamos deben destinarse a inversión y al pago del servicio de la deuda, los presupuestos recientes recurren cada vez más al endeudamiento para gastos corrientes. Esta violación de la “regla de oro” representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal del país.

El proyecto suspendido también incluía artículos que contradecían la Ley Orgánica del Presupuesto y debilitaban el marco institucional. Se creaban fondos sin reglas claras, se ampliaban saldos sin estudios y se abrían espacios para usos clientelares. Esto aleja a Guatemala de una gestión pública moderna y responsable.

Las familias lo viven a diario: centros de salud sin insumos, escuelas sin agua, carreteras deterioradas y comunidades esperando obras que no terminan. No es normal que un presupuesto de este tamaño produzca resultados tan pobres. El gasto crece y los avances no. La desconexión entre planificación, dinero y resultados es evidente.

La suspensión es una oportunidad para corregir el rumbo. Guatemala necesita un presupuesto que rinda, que priorice a los más necesitados y que respete la ley. Es indispensable ordenar el gasto, eliminar lo que no sirve y fortalecer la inversión. Se demanda al Congreso corregir lo aprobado, depurar disposiciones que contravienen la normativa y exigir sustento técnico. Gobernar no es asignar más dinero, es usarlo bien.

El reto es claro. El país no puede permitirse repetir errores. La decisión está sobre la mesa y exige responsabilidad, visión y compromiso del Congreso.