En Guatemala, hablar de minería es hablar de tensiones históricas. Las comunidades han visto cómo proyectos extractivos se instalan con promesas de desarrollo, pero muchas veces dejan tras de sí más conflictos que beneficios. Hoy, sin embargo, surge un caso que merece análisis: la reinvención de Elemento 28, antes conocida bajo otra denominación, que ahora toma su nombre del elemento químico níquel, número 28 en la tabla periódica, mineral esencial para la vida moderna y clave en tecnologías de transición energética.

Este cambio de identidad no es casual, los dueños buscan proyectar una nueva narrativa empresarial, más cercana a las comunidades y con un discurso de sostenibilidad. En territorios como Senahú y El Estor, donde la pobreza es bastante alta y el abandono estatal ha sido el común denominador, más de mil familias sobreviven con escaso apoyo gubernamental.

En ese vacío estatal, Elemento 28 intenta ocupar un rol que tradicionalmente corresponde al Estado, que son los encargados de generar oportunidades, impulsar proyectos de subsistencia y mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, esto no sucede y los pobladores han perdido la esperanza de encontrar un camino para el desarrollo.

El reto es claro, la idea es buena y se debe complementar con una buena relación entre empresa privada y comunidades, puede traducirse en mejoras reales en la economía de las personas. Pero para que esto ocurra, las reglas del juego deben estar bien definidas. Transparencia, participación comunitaria y respeto a los derechos colectivos son indispensables para que la minería reinventada no se convierta en un espejismo.

Además, el compromiso ambiental es ineludible. La riqueza natural de Senahú y El Estor no puede sacrificarse en nombre del desarrollo económico. Si la minera realmente busca legitimidad social, debe demostrar que su impacto ecológico será mínimo y que el ambiente será protegido como herencia para las nuevas generaciones. Sin esa garantía, cualquier discurso de sostenibilidad pierde credibilidad.

La experiencia de estas comunidades nos recuerda que la responsabilidad social empresarial no sustituye la obligación del Estado de garantizar derechos fundamentales. El desarrollo comunitario no puede depender únicamente de proyectos aislados, por más bien intencionados que sean. La sostenibilidad, en este momento que se vive, exige políticas públicas claras, acompañamiento institucional y vigilancia ciudadana.

Elemento 28 parece haber entendido que la minería del siglo XXI no puede limitarse a extraer recursos, que se debe construir legitimidad social y ambiental. El verdadero reto está en demostrar que su “reinventada” no es solo un discurso, sino un compromiso duradero con las comunidades y con la naturaleza.

En un país marcado por desigualdad y desconfianza institucional, iniciativas como esta pueden abrir debates necesarios: ¿qué modelo de desarrollo queremos? ¿Uno que dependa de la iniciativa empresarial, o uno que se fundamente en un Estado presente, fuerte y transparente?

Reconocer los esfuerzos privados es válido, pero exigir al Estado que cumpla su papel es indispensable. Solo así, las más de mil 850 familias de Senahú y El Estor dejarán de ser un ejemplo de abandono y se convertirán en protagonistas de un desarrollo integral, justo y respetuoso del ambiente.