Las frías estadísticas divulgadas por la PNC y el Mingob contrastan con el terror que afrontan las víctimas de extorsión. El viernes pasado participé en una presentación académica cuando de pronto una compañera de trabajo –omitiré su nombre para resguardo de su identidad–, recibió la llamada que nunca imaginó.

La víctima –al responder la llamada vía whatsapp–, habilitó el altavoz y compartimos como testigos las amenazas e insultos intimidatorios que generan terror. Al inicio, el delincuente le exigió Q12,000.00, para no eliminarla; sin embargo, la víctima –tras cinco minutos de explicar que no tenía esa suma a su alcance–, el delincuente le dio 60 minutos para que le entregara dos mil quetzales. Ella, –inteligente, de carácter seguro–, se transformó en una víctima indefensa, frágil, con temor a salir a la calle, pues el extorsionista le indicó que conoce donde vive, las actividades académicas y sociales que realiza junto a su familia.

Fue una llamada que duró cinco minutos (que parecieron una eternidad), plagada de irrespeto a su condición de mujer, de madre trabajadora, responsable, y profesional, empeñada en buscar mejores condiciones de vida de las mujeres en el país.

Esa realidad contrasta con las 6,044 denuncias de extorsión que el Ministerio de Gobernación, Momgob, y la Policía Nacional Civil, PNC; registran del 15 de enero, al 26 de abril 2024. La capital, Villa Nueva, y municipios del departamento de Guatemala, encabezan el listado de denuncias presentadas. Le siguen Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu.

Pese a que la PNC y el Mingob han incrementado requisas en centros de privación de libertad, allanamientos en viviendas de líderes de gavillas, y otras acciones, ese flagelo se incrementa convirtiéndose en una creciente y constante amenaza para la seguridad de la población honrada, honesta, dedicada a trabajar para superar el desempleo y las condiciones de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional. De acuerdo con centros de investigación, el fenómeno de las extorsiones se incrementa.

Esas políticas del gobierno actual han permitido acusar a 615 personas, de las cuales 595 fueron ligadas a proceso. 630 delincuentes han sido condenados por ese delito.

Este flagelo se incrementó durante el gobierno de Álvaro Arzú, 1996-1999, luego de la desarticulación de bandas sanguinarias de secuestradores. A partir de allí, 1999 a la fecha, ese fenómeno continúa azotando a la sociedad. Es imperativo que el gobierno fortalezca la investigación, seguimiento y persecución penal contra los extorsionistas mediante mayores controles, seguimiento virtual y policial a los sospechosos de cometer esos delitos, a fin de generar confianza en víctimas como mi compañera (con quien me solidarizo) para que recupere la libertad de desempeñar sus esfuerzos de trabajo y superación.