La llegada al poder del presidente Arévalo generó grandes expectativas y la promesa de una “primavera democrática” que revitalizaría las instituciones. Se anunciaron cambios en áreas clave, como la lucha contra la corrupción, la mejora de los servicios públicos, el fortalecimiento de la infraestructura y la reactivación económica. Sin embargo, a medida que avanzan los meses, la percepción ciudadana se deteriora, dejando un sentimiento generalizado de frustración y desencanto. Encuestas recientes indican que tres de cada cuatro ciudadanos desaprueban la gestión gubernamental, señalando incumplimientos de promesas electorales y una desconexión con las necesidades reales de la población.

La sociedad esperaba cambios inmediatos y radicales, pero analistas advierten que: a) Guatemala arrastra décadas de corrupción sistémica, cuya erradicación requiere tiempo y medidas firmes. La corrupción permea todas las instituciones del Gobierno y combatirla exige valentía. b) El aparato estatal fue debilitado deliberadamente por gobiernos anteriores, con ejemplos claros en el Ministerio Público y el sistema de justicia. c) La oposición en el Congreso y el Poder Judicial obstaculizan los escasos avances.

A pesar de estos desafíos, es evidente que la forma en que se está ejerciendo el gobierno no conducirá a cambios sustanciales. Se necesita un liderazgo más proactivo y enérgico, capaz de asumir riesgos y de transmitir una cultura de trabajo decidido en el Ejecutivo. La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad real, con acciones contundentes: cualquier funcionario que busque aprovecharse del erario debe ser destituido y procesado sin dilaciones. Para ello, el presidente debe rodearse de personas honorables y comprometidas con la nación, más allá de la lealtad personal.

Es urgente una reingeniería del Estado para eliminar instituciones y puestos innecesarios. Más del 75% de la burocracia podría reubicarse a posiciones de servicio reales donde el pueblo encuentre un gobierno eficiente, eficaz y productivo. Guatemala necesita servidores públicos con vocación y entrega, y no empleados públicos pagados por el Gobierno. Si esto no es viable de inmediato, al menos debería congelarse la creación de nuevas plazas. Mientras tanto, el presupuesto más elevado de la historia se dilapidará en gastos de funcionamiento ineficientes con escasos resultados tangibles.

El país también necesita con urgencia inversiones en infraestructura: carreteras, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones. La precariedad actual afecta la productividad y la competitividad. El tiempo perdido en el tránsito urbano y carretero disminuye la eficiencia de la economía, mientras que los puertos colapsados dificultan el comercio internacional. Las alianzas público-privadas podrían ser una solución viable.

Otro pilar fundamental es la educación. Los indicadores nacionales están entre los peores a nivel internacional, lo que demanda una inversión seria y orientada a resultados. Es vital promover la educación técnica y universitaria en función de las necesidades del mercado laboral. Además, todos los centros educativos deberían contar con acceso a internet, para incorporar tecnología en el aprendizaje. Debe buscarse una inserción real de los jóvenes a la economía, pues estamos perdiendo el bono demográfico. Nos enfrentamos nuevamente a un gobierno ineficiente, pasivo y tolerante ante la corrupción, y el ciclo parece no tener fin. La población ha depositado su esperanza en los últimos cuatro gobiernos, solo para verlos pasar a la historia como los peores. Si la administración de Arévalo no toma decisiones firmes y profundas, el desencanto continuará y el poder fáctico, que ya ha demostrado su capacidad de manipular a los gobernantes, seguirá imponiendo su voluntad sobre el destino del país. Pasará a la historia como el último en quien la población depositó su esperanza, porque se está tocando fondo y se exigirán cambios radicales en la forma de elegir a nuestros gobernantes.