Desinformación hubo siempre. Y en muchas ocasiones (igual que ocurre ahora) fue parte de una estrategia deliberada para generar confusión, temor y caos. Lo que sucede actualmente es que con el surgimiento de las redes sociales se potencian sus efectos y se obtiene un poder de masificación muy peligroso.

Aunque toda desinformación es dañina, una cosa es la diseminación no intencional de información “imprecisa” y otra, muy distinta, son las campañas que tienen como objetivos: manipular, engañar y destruir la reputación o credibilidad de una persona o un grupo específico e instalar, a partir de mentiras y engaños, “narrativas” que induzcan a la polarización extrema y favorezcan la impunidad. De eso hemos visto mucho en Guatemala.

Las operaciones de desinformación forman parte (también) de las estrategias de “inteligencia” que las redes y estructuras criminales —incluyendo aquellas que (continúan) operando dentro de algunas instituciones del Estado— han utilizado históricamente en Guatemala. Además de intentar manipular a la opinión pública y “controlar” la conversación social, buscan “preparar” el terreno para justificar hechos ilícitos y confundir a la población. Es la táctica del “ventilador”: difundir rumores, datos falsos, hechos inexactos y esparcirlos a diestra y siniestra para generar duda o desconcierto y llevar agua a su molino.

Recordemos, por ejemplo, la operación que se montó alrededor del asesinato de monseñor Juan José Gerardi Conedera. Fueron las redes de inteligencia dentro del Estado Mayor Presidencial las que fraguaron la estrategia de confusión y encubrimiento (como parte de la planificación general del crimen), que incluyó la llegada al país de un “experto” extranjero para validar la tesis de que fue Baloo, el perro pastor alemán que vivía en la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, el que dio muerte al obispo.

Las mismas prácticas que venían de los años de la guerra y que continuaron incluso después de la firma de la paz. Porque los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs) nunca se desarticularon, más bien mutaron a lo que se conoce hoy como Redes Político-Económicas Ilícitas (Rpei), que mantienen sus “operaciones de influencia” a las que han incorporado a los netcenters que lanzan y replican sus campañas de desinformación.

Una muestra clara de su modus operandi se da como parte de los procesos penales fabricados y espurios en contra de operadores de justicia independientes, abogados, periodistas, defensores/as de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil organizada. Hay patrones que se repiten en casi todos los casos. Por ejemplo, los mensajes simultáneos y articulados de estigmatización y descrédito alrededor de la persona que será capturada para mermar su reputación, hacerla ver como “criminal” e intentar “justificar” su encarcelamiento. Y ni hablar de las publicaciones orquestadas (mismas cuentas “madre” en redes sociales —anónimas o no—) y cientos de réplicas de sus milicias digitales.

Tal como ha venido sucediendo desde hace décadas con la persecución penal de líderes indígenas y comunitarios por reclamar acceso a la tierra, derechos laborales o por formar parte de los movimientos de defensa de sus territorios. La criminalización empezó precisamente en su contra y lamentablemente continúa. Hay decenas de denuncias y procesos ilegítimos que buscan romper la articulación y organización de los pueblos y comunidades, porque además otro objetivo es generar terror como herramienta de desmovilización y disciplinamiento.

El desafío para frenar las estrategias de desinformación y manipulación es inmenso, pero un paso importante es comprender su lógica y la forma en que operan las redes criminales de inteligencia.