¿Cuál es la importancia del pronunciamiento de la mayoría de países a la propuesta de Guatemala sobre el respaldo a la institucionalidad democrática en Guatemala?

El respaldo unánime se da por consenso; eso implica que nadie se opone a esa solicitud. Lo primero que se hizo fue poner en contexto del Consejo Permanente cómo va la situación de Guatemala, porque ha tenido una atención constante desde el 2023. El año pasado fue la elección de Cortes, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió unas recomendaciones preliminares. En distintas etapas se ha ido comentando cuáles son los desafíos en el país, pero ante ese intento de cancelar el partido y de desconocer las elecciones, pues eso ya era una situación de alarma que ocasionó que el canciller de Guatemala viniera y pidiéramos una sesión extraordinaria para poner a la OEA en conocimiento de la situación.

A partir de esto, se genera la solicitud de una declaración en la que los Estados manifiestan su gran preocupación y un respaldo a la gestión del presidente Arévalo, y una solicitud de respeto a la decisión de la Corte de Constitucionalidad de que no haya una interferencia de los diferentes poderes del Estado sobre el proceso electoral.

¿Cómo se interpreta en la OEA el nuevo intento de golpe?

Guatemala se interpreta como un país que hace sus esfuerzos por fortalecer la democracia, un país que por 40 años no ha roto el orden constitucional.

Entonces, se ve con mucha preocupación porque está claro que vienen de grupos antidemocráticos. A pesar de los problemas que tengan los países, siempre encuentran una vía para resolverlos respetando la Constitución. Por ejemplo, recordemos Chile, que tuvo, pues, las protestas, pero al final desembocan en reformas, en solicitudes de resolver los mecanismos legales que crean una problemática.

Hablar de un golpe de Estado genera mucha preocupación, porque podemos caer en lo que cayó Honduras con el último golpe de Estado, y esto provocaría que el país saliera de la OEA y prácticamente nos aislaría de la comunidad internacional.

Guatemala denuncia el uso del derecho penal con fines políticos. ¿Cómo se ve desde afuera esta práctica?

Como algo negativo, como un abuso de autoridad por parte de quienes utilizan el sistema penal para resolver temas que son eminentemente del área del Tribunal Supremo Electoral.

Entonces, ayuda mucho la resolución de la Corte porque también da un claro mensaje sobre esos intentos de un uso indebido del derecho penal, hasta en el sentido de que le están advirtiendo al juez que esas acciones pueden generar un hecho delictivo.

Ya vimos que el presidente presentó una denuncia por prevaricato ante las acciones del juez.

También es positivo que Guatemala traiga al consejo ese tema y que se estén usando los mecanismos de la Carta Democrática. Entonces, lo ven como un país al que hay que apoyar a fortalecer sus procesos internos, y por eso también le dan el beneplácito a la misión de observación que fue instaurada por la OEA para acompañar el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

¿En qué enfocará la misión?

La misión va a incentivar para que se cumpla con los estándares internacionales en elección de altos funcionarios. Se está empapando de todos los procesos. El perfil de los expertos nombrados es muy reconocido a nivel internacional, han tenido cargos en sus países o en organismos internacionales y estarán al tanto de lo que está sucediendo y poniendo los reflectores en aquellas situaciones que ellos vean como problemáticas.

¿Qué evidencia este constante ataque a la institucionalidad?

Un intento de grupos antidemocráticos de querer permanecer en el poder y no reconocer un proceso legítimo que ya fue avalado por organismos internacionales expertos en el tema.

Es muy claro que no es una situación aislada, sino que son esfuerzos sistemáticos.

¿Qué alcance podría tener: apartar al presidente Arévalo de la elección del nuevo fiscal general o de la integración de la Corte de Constitucionalidad?

Pues no se ha hecho, digamos, dentro del foro de la OEA, esa conclusión. No se llega a determinar cuáles son las razones por las cuales se hace, porque hemos visto que estos intentos por socavar la gestión del gobierno vienen desde el día uno, al no querer dejar que tomara posesión de la manera habitual.

No se ha hecho un análisis de que es para que no nombre a alguien en la Corte de Constitucionalidad o no nombre a la nueva fiscal.

Lo que está de fondo es que hay un proceso de designación de altos funcionarios en el 2026, y que estos esfuerzos han sido constantes para deslegitimar o impedir la gestión del gobierno.

Desde la OEA, ¿qué herramientas hay para la observación?

Hay mecanismos de veeduría. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo su visita el año pasado y que va a entregar su informe las próximas semanas; la Carta Democrática, que tiene distintos artículos que se pueden invocar en momentos determinados de riesgo. Hay que ir estableciendo cuál es el mecanismo más adecuado para el momento preciso. El riesgo que se corría fue resuelto por la Corte.

Cuando estas situaciones escalan hasta un organismo multilateral, ¿es una señal de que la justicia local está débil, falla o qué es lo que demuestra?

Demuestra que es una democracia incipiente, que tiene instituciones que no son sólidas, que no están respondiendo a su mandato, como los juzgados. Porque una cosa es la fiscalía, pero luego está el rol de juzgadores que avalan esas solicitudes, porque si declararan sin lugar la petición de la fiscalía, podríamos decir que la justicia está respondiendo al mandato que tiene. Pero aquí lo que evidencia es que hay instituciones que deben ser fortalecidas.

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