El 8 de marzo de 2017, el trágico incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un albergue para menores, resultó en la muerte de 41 adolescentes y dejó a otras 15 con graves quemaduras que tendrían un impacto duradero en sus vidas.

Este martes 12 de agosto de 2025, después de ocho años del hecho y un juicio de un año y medio, la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes dictó sentencia en el conocido “caso Hogar Seguro”.

Seis exfuncionarios fueron condenados a penas de cárcel que van desde 6 a 25 años al ser hallados culpables de homicidio culposo y otros delitos como abuso de autoridad y maltrato a menores de edad.

Durante la audiencia final, la jueza recapituló los hechos ocurridos el 7 y 8 de marzo del 2017, que derivaron en la tragedia.

Uno de los puntos señalados fue el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales, quienes, según la jueza, ingresaron al recinto con armas de fuego y grilletes, una medida innecesaria para contener a adolescentes bajo custodia estatal.

La sentencia fue emitida tras 120 audiencias, donde declararon cientos de testigos y 45 peritos, además de analizarse más de mil documentos.

¿Qué pasó entre el 7 y 8 de marzo del 2017?

El relato judicial permitió reconstruir los momentos previos al siniestro. El 7 de marzo, después de las 13 horas, se produjo una riña entre dos adolescentes en el comedor, lo que desató una serie de incidentes.

Un grupo de niñas logró interactuar con varones, y tras enfrentamientos con el personal del hogar estatal, este solicitó la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC). Ante la ausencia de varios menores, se activaron alertas de búsqueda.

Durante la noche, y tras la reubicación de quienes se habían fugado, las autoridades decidieron dejar el centro bajo control policial.

En la madrugada del 8 de marzo, a las 0.30 horas, se ordenó el reingreso de los menores. Los varones fueron conducidos a un auditorio, mientras que las niñas fueron encerradas en un aula de pedagogía, un espacio sin agua, sin sanitario, con ventanas falsas y barrotes, cuya capacidad máxima, según un fiscal, era de entre 11 y 26 personas. Allí fueron confinadas 56 niñas.

Luego del choque con las fuerzas de seguridad, en manifestación de protesta, las niñas encendieron colchones como medida de reclamo en el aula. Las investigaciones apuntan a que habían denuncias debido a las malas condiciones y abusos que sufrían en el centro.

El hacinamiento, la rápida propagación del fuego y la inacción de las autoridades agravaron las consecuencias. En los últimos nueve minutos del incendio, la temperatura superó los 300 grados centígrados.

Uno de los momentos más impactantes del juicio fue la lectura de declaraciones que reflejan el abandono institucional. Lucinda Marroquín Carrillo, subinspectora de la PNC y una de las sentenciadas, tenía en su poder la llave del aula, según los hechos investigados.

Cuando se le alertó sobre la presencia de humo dentro del aula, respondió: “Que se quemen esas hijas de la gran puta”.

Las imágenes presentadas durante el proceso mostraban una pila de cuerpos con quemaduras, lo que sugiere que en su intento de escapar, las niñas se apilaron unas sobre otras sin poder salir.

El recuento de víctimas confirma que 17 murieron dentro del aula, dos en el área administrativa tras ser rescatadas y 21 más en hospitales de la Ciudad de Guatemala. La última víctima falleció en Estados Unidos, adonde fue trasladada para recibir tratamiento especializado por sus quemaduras.

Qué falta por esclarecer

En su resolución, la jueza Cifuentes también ordenó investigar al expresidente Jimmy Morales (2016-2020), debido a su posible responsabilidad en la cadena de mando. Morales habría ordenado el despliegue de agentes armados el día previo a la tragedia, tras la fuga de algunas menores.

Además, surgieron nuevas interrogantes tras los peritajes toxicológicos realizados a los cuerpos de las víctimas. En varios se hallaron niveles elevados de midazolam, diazepam, morfina, etanol, metanol e incluso fentanilo.

Ante esta revelación, la jueza solicitó al Ministerio Público investigar “las circunstancias por las cuales, a través de peritajes toxicológicos, se encontraron drogas terapéuticas o de abuso como midazolam, diazepam, entre otras, en los cadáveres” de las adolescentes.

El propósito, dijo, es determinar si esas sustancias formaban parte de tratamientos psiquiátricos, si fueron administradas en hospitales o si su origen fue otro. La sentencia marca un paso en el largo camino hacia la justicia, pero el caso del Hogar Seguro continúa abierto en busca de verdad y responsabilidad institucional.

Lea también: Jueza ordena investigar al expresidente Jimmy Morales por muerte de 41 niñas en Hogar Virgen de la Asunción