En el contexto actual, Guatemala enfrenta una necesidad urgente de desarrollar proyectos de infraestructura vial que puedan conectar regiones, potenciar la economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Con ese objeto se ha promulgado recientemente la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y ahí se regulan procedimientos desde el diseño hasta la licitación y entrega de los proyectos. Sin embargo, esta necesidad se ve frustrada por un contraste tan inconveniente como perjudicial: la complejidad procedimental y la mentalidad formalista que predominan en los procesos de licitación. Este desafío no solo ralentiza el progreso, sino que también amenaza con perpetuar las desigualdades regionales y limitar el crecimiento nacional.

El sistema de licitación en Guatemala está profundamente arraigado en una cultura burocrática que prioriza el cumplimiento formal sobre la eficiencia. Los proyectos viales, muchos de ellos urgentes, enfrentan largos retrasos debido a la falta de claridad y dinamismo en la Ley de Contrataciones del Estado. En lugar de facilitar la implementación rápida y transparente de obras que beneficien a la población, el actual marco procedimental fomenta la dilación, dejando a comunidades enteras sin acceso a carreteras y servicios básicos por años. De hecho, en una columna de opinión en este mismo diario (16 de junio) se comentaba de dificultades burocráticas para que tomara posesión el órgano nuclear de esta nueva ley.

Para enfrentar esta problemática, propongo una reforma a dicha ley que permita una solución innovadora y eficaz. Durante un plazo de cinco años, el Estado podría delegar los procesos de licitación en tres entidades internacionales de reconocido prestigio. Estas compañías, expertas en concursos públicos y adquisición de bienes, obras y servicios, recibirían las facultades legales para llevar a cabo las licitaciones que tanta falta hacen en el país.

Esta estrategia no es nueva ni arriesgada, pues el país ya ha implementado delegaciones similares en el pasado. En el sector salud, por ejemplo, se ha confiado en organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para adquirir medicamentos esenciales. Dichos procesos demostraron ser razonables, transparentes y libres de corrupción, lo que podría replicarse en el ámbito de infraestructura.

La delegación de facultades a estas empresas no debe interpretarse como una cesión absoluta de control. Para garantizar que los procesos sean transparentes y se ejecuten de manera correcta, propongo que estas entidades estén sujetas a auditorías independientes realizadas por firmas internacionales de prestigio. Dichas auditorías evaluarían la eficacia, la transparencia y la calidad de las licitaciones realizadas, asegurando que ningún recurso público sea mal utilizado y que los resultados sean los esperados.

Este modelo podría transformar radicalmente el panorama de infraestructura vial en Guatemala. Al agilizar los procesos de licitación, se podrían lanzar proyectos clave en tiempo récord, generando empleo, mejorando la conectividad regional y fortaleciendo la economía. Además, la presencia de entidades internacionalmente conocidas por su eficiencia y seriedad aportaría credibilidad y confianza en el manejo de los recursos públicos, un aspecto crucial para atraer inversión extranjera y fomentar alianzas estratégicas.

Ahora más que nunca, Guatemala necesita soluciones audaces y pragmáticas para superar los obstáculos burocráticos, el formalismo y los actos de corrupción que han limitado su desarrollo. La reforma a la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria no es solo una propuesta, sino una necesidad urgente para construir un futuro más dinámico y prometedor. Con un enfoque decidido y transparente, podemos convertir los desafíos actuales en oportunidades para el progreso.